Política

Pagó la Fiscalía $9 mdp de sobreprecio por obra a empresa de Mancha Alarcón

enero 11, 2019

La Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo de Jorge Winckler Ortiz pagó 9 millones de pesos de más a una empresa del dirigente estatal del PAN, José Mancha Alarcón, por una obra que tuvo un retraso de un año, tolerando el incumplimiento del contrato.

De acuerdo con el contrato número OP 07/2017-DGA, por concepto de la realización del proyecto ejecutivo y construcción de un centro integral de justicia en Cosamaloapan, la Fiscalía General debía pagar 27 millones 851 mil 874 pesos con 30 centavos a la empresa Multiservicios El Elemento, propiedad de Mancha Alarcón.

En dicho contrato se estableció como fecha de inicio el 2 de mayo de 2017 y debía ser entregada el 21 de noviembre del mismo año. Sin embargo, la obra fue terminada, entregada e inaugurada el 22 de noviembre de 2018, es decir, con una tardanza de un año.

Además, de acuerdo con el boletín de la Fiscalía, se pagó por esta obra 36 millones 522 mil pesos, lo que implica un sobrepago de casi 9 millones.

La asignación de este contrato fue una adjudicación directa en favor de la empresa del panista José Mancha Alarcón, quien durante el gobierno anterior fue beneficiado por otras dependencias como la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) y el Comité de Espacios Educativos, que simularon efectuar las licitaciones.

En el caso del proyecto contratado por la Fiscalía, Multiservicios el Elemento fue creada apenas durante la administración yunista y se ostenta como una proveedora de servicios en ingeniería civil.

Sin experiencia en el ramo se le asignó la elaboración del proyecto ejecutivo y la construcción del Centro Integral de Justicia de Cosamaloapan.

De acuerdo con cláusulas del contrato, se debió haber cancelado el documento a la empresa del dirigente estatal del PAN por no entregar la obra en tiempo y forma, además de que daría lugar a sanciones económicas, mediante la exigencia del pago de las pólizas de garantía.

Este contrato fue firmado por la oficial mayor de la Fiscalía General del Estado, Gabriela Mercedes Reva Hayón, y el representante legal de todas las empresas del dirigente panista, Saúl Fonseca de la Cruz.