Política

Nudo

diciembre 26, 2018

Los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en México son referentes de autorganización social en condiciones adversas. Las personas que los forman no sólo tienen que superar el angustioso dolor de la ausencia de una persona querida, sino la de la sustituir la impreparación y burocracia gubernamentales para acercarse -en algo al menos- a saber el destino final de sus personas queridas.

A lo largo de tres gobiernos estatales han bregado contra una estructura gubernamental diseñada para ocultar la información a los gobernados. Años de avanzar a contra corriente y superar cretinismos gubernamentales.

Durante los ocho últimos años, los desencuentros de estos colectivos con el gobierno han sido el contenido mismo de la relación gobernante-gobernados y escaparate de las capacidades personales de los responsables para dar respuestas a la sociedad.

Y si hay algo que define en el estado de Veracruz la naturaleza y alcances de la relación del gobierno con los gobernados es, precisamente, el tema de los desaparecidos.

El tamaño del rezago es monumental y los agravios gubernamentales para con los colectivos han sido la esencia misma de la relación.

El actual gobierno carga además el peso de las expectativas sobre su desempeño de una sociedad lastimada que lo observa y lo menos que espera es honradez. Los saldos acumulados por los gobiernos anteriores son ridículamente negativos. Los responsables y sus limitaciones están a la vista. Hoy, en esta suerte de retirada táctica de régimen anterior, parte importante su red de relaciones y estructura de poder pasan por la atención supervisada del fiscal Winckler.

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