Política

Heredó contralor yunista sanciones por incumplir la reinstalación de personal

diciembre 24, 2018

La actual contralora general, Leslie Garibo Puga, promovió un amparo para evitar ser sancionada con una multa de más de 8 mil pesos por diversos incumplimientos de sus antecesores Ramón Figuerola Piñera y Guillermo Moreno Chazzarini en la era yunista.

Debido a una serie de despidos realizados en el anterior gobierno y el incumplimiento a pagar liquidaciones y reinstalaciones de personal, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje decidió aplicar una sanción contra el titular de la Contraloría General del Estado, en ese entonces, Ramón Figuerola.

Esto debido a que el primer contralor yunista, Guillermo Moreno Chazzarini, despidió personal sin pagar las liquidaciones correspondientes.

Con el cambio de gobierno, ahora la sanción cayó sobre la nueva titular de la Contraloría, es decir sobre Leslie Garibo Puga, quien ya obtuvo la suspensión provisional del amparo en contra del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz y de la Oficina de Hacienda del Gobierno del Estado de Veracruz, para efecto de que no se realice el cobro de una multa.

Dicha multa que se hizo efectiva en su contra en acuerdos de 9 de marzo y 13 de junio de 2018 dictados en el expediente 161/2018-1, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, a través de los cuales se impone una multa de 100 días de unidad de medida y actualización a la Contraloría General del Estado de Veracruz, hasta en tanto se comunique a las autoridades la resolución que se dicte en la suspensión definitiva.

"La providencia cautelar decretada, surtirá sus efectos desde luego, sin que al caso proceda fijar garantía a la Contraloría General del Estado de Veracruz, para garantizar los daños y perjuicios que pudieran causarse a la parte tercera interesada, parte actora en el juicio laboral de origen, si no obtiene sentencia favorable, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7°, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales están exentas de prestar las garantías que exige la ley a las partes", agrega parte de la resolución del juez federal.