Política

"Salida de ex titular de SSP, evidencia complicidad"

diciembre 08, 2018

El cambio de medidas cautelares para que el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita para que enfrente el proceso penal en libertad por el delito de desaparición forzada, enriquecimiento ilícito y corrupción, y la posible salida del penal del ex fiscal general del estado, Luis Ángel Bravo Contreras, pone en evidencia "la complicidad de funcionarios de alto rango político, y los acuerdos políticos previos que hicieron", señaló la víctima indirecta, Pedro Mávil, padre de Gemma Mávil Hernández secuestrada y desaparecida el 3 de mayo del 2011.

Sin mencionar nombres, la víctima indirecta señaló que hubo "acuerdos políticos" entre los ex gobernadores Javier Duarte de Ochoa, Miguel Ángel Yunes Linares y la actual administración estatal de Cuitláhuac García Jiménez, para permitir que los ex funcionarios acusados de desaparición forzada puedan salir libres.

Tras siete años y siete meses de buscar a su hija secuestrada en Xalapa, encontrada sin vida meses más tarde, y que la dirección de Servicios Periciales de la FGE reconoció que inhumaron su cuerpo en el panteón Palo Verde de esta ciudad, pero no saben en qué parte del terreno, Pedro Mávil expuso. "Lamentablemente siempre se ha interpuesto la política antes que llevar justicia realmente y se ha demostrado, lo que he vociferado a los cuatro vientos lamentablemente el tiempo me esta dando la razón, son cuestiones política con los funcionarios que deben aplicar la ley". Expuso que el día miércoles cuando se enteró que Bermúdez Zurita salía del penal de Pacho Viejo, no le sorprendió, porque desde hace cuatro meses, en los pasillos de la Fiscalía General del Estado (FGE), se rumoraba que el titular de la SSP, alcanzaría la modificación de las medidas cautelares.

"Es indignante, es una burla, no es posible que personas que le han hecho tanto daño a las familias, anden sin castigo. No nos sorprendió, porque ya se decía que Bermúdez iba a salir" afirmó Pedro Mávil. Lamentó que los ministerios públicos, jueces y magistrados se conduzcan con impunidad, antepongan intereses económicos y políticos antes que hacer valer la justicia.

Señaló que aun cuando las víctimas indirectas del delito de desaparición y desaparición forzada hayan denunciado ante la FGE y sepan que hay responsabilidad de ex funcionarios que no investigaron, que incumplieron con su labor, no avanzarán las investigaciones, ni habrá justicia hasta que los encargados de impartirla tengan "voluntad y una acción humanista".