Política

Espera órgano fiscalizador que Congreso valide dictamen de Cuenta Pública 2017

diciembre 08, 2018

El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) está a la espera de que el Órgano de Control del Congreso local determine la validez en la aprobación del dictamen de la Cuenta Pública 2017 en la que los diputados locales "solventaron" las observaciones de daño patrimonial, previo a someter a votación del Pleno el documento final, por más de 300 millones de pesos.

De eso depende de que investigue a ex funcionarios de 40 municipios y algunos entes como la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, que reportaron daño grave en el manejo de los fondos. Dentro de esas observaciones que se solventaron están las empresas de José Mancha Alarcón, por lo que el caso podría estar vigente.

Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, auditor general, expuso que el Orfis tiene hasta siete años para investigar y sancionar el presunto desvío de recursos y las faltas administrativas graves en su manejo financiero de año 2016.

El funcionario refirió que el órgano fiscalizador inició la investigación de la comisión de posibles delitos en 16 entes y 113 municipios, para lo que se ha citado a comparecer a por lo menos 50 ex funcionarios yunistas, así como ex autoridades municipales.

"(…) Las observaciones del presunto daño patrimonial o de faltas graves están en un proceso de investigación, están aportando pruebas y las estamos analizando", precisó.

A partir de los resultados de la investigación, dijo, se determinará si la denuncia se hará ante el Tribunal de Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV) o ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Al ser cuestionado sobre qué pasa con los municipios y los entes que supuestamente justificaron el daño público, recordó que el tema está en la cancha del Congreso local y que la nueva ley permite fincar responsabilidad ante faltas administrativas graves.

"Es un tema que le compete al Congreso del Estado y lo que el auditor determinó fue que los sujetos obligados que están ahorita sometidos a un análisis por parte de la Contraloría Interna del Congreso (tuvieron observaciones). Esperemos qué van a determinar y mientras trabajaremos con todos los entes fiscalizables que tienen una (observación) que fue la que determinó el Congreso (anterior)".

Recalcó que la posibilidad de investigación prescribe en un periodo de siete años.

Finalmente, mencionó que será en enero cuando se puedan presentar las denuncias en contra de los servidores y ex servidores públicos que resultaron con presunto daño patrimonial o faltas graves en las cuentas públicas de 2017, entre los que se encuentran más de 40 municipios, así como dependencias estatales y organismos autónomos.