Política

Pide Bermúdez Zurita juicio político contra Yunes, Winckler y Téllez Marié

diciembre 04, 2018

A través de sus abogados, el ex secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita presentó una denuncia de juicio político en contra del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares; el ex secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, y del fiscal Jorge Winckler Ortiz, a quienes acusó de torturarlo, además de utilizar recursos públicos para comprar bienes en el extranjero.

En la querella relata que el gobierno de Veracruz desvió 220 mil dólares en favor de la empresa Ave Real Estate LLC para pagar las casas que compró en Texas, pero que aún no terminaba de pagar, por lo que se usaron recursos públicos para liquidarlas y simular la recuperación de bienes en pleno proceso electoral.

El ex funcionario, que se encuentra recluido en el penal de Pacho Viejo por delitos relacionados con hechos de corrupción y desaparición de personas, asegura haber sido víctima del delito de fraude procesal, pues las autoridades ministeriales le prometieron que se desistirían de su caso a cambio de la devolución de bienes.

Incluso, aseguró haber sido torturado psicológica y físicamente para llegar a ese acuerdo, aunque en sus audiencias nunca ha referido tal situación ni tampoco sus abogados previamente se habían expresado en ese sentido.

De la tortura, acusó de manera directa al ex secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié y al fiscal especializado en Personas Desaparecidas, Luis Eduardo Coronel Gamboa, así como a otros funcionarios menores, quienes le decían que por instrucciones del gobernador lo amenazaban con detener a su familia.

"El 21 de junio de 2018, el ex titular del Poder Ejecutivo estatal, Yunes Linares, en compañía del licenciado Reus Medina (abogado de Bermúdez), se trasladó al estado de Texas, Estados Unidos de América. El propósito del viaje fue explorar las figuras jurídicas que permitieran el traslado de dominio de mis bienes inmuebles localizados en aquel territorio en favor del gobierno estatal. Se entrevistaron con funcionarios de los servicios financieros que otorgaron las líneas de crédito al suscrito y a mi cónyuge", refiere en su denuncia.

Añadió: "Les recuerdo que estos bienes fueron adquiridos a crédito. En esa lógica, la única solución posible consistía en liquidar los adeudos y el saldo del crédito. El ex titular del Poder Ejecutivo, Yunes Linares, suscribió documentos con la persona moral Ave Real Estate, LLC, y ordenó al secretario de Gobierno Rogelio Franco Castán la transferencia de dólares para cubrir el saldo del crédito. La transferencia se realizó a cargo del erario estatal por 220 mil dólares".

El traslado de dominio nunca pudo concretarse al existir impedimento legal para que un gobierno extranjero sea propietario de bienes en territorio de Estados Unidos. Sin embargo, Yunes Linares insistió en que se recuperaron bienes procedentes de delitos, cuando en realidad se habría subrogado y comprado una deuda crediticia lícita con cargo al erario público.

El ex mando policiaco de Duarte afirma haber sido extorsionado por el ex gobernador y el fiscal, pues fue obligado a donar bajo engaño las propiedades con la promesa de suscripción de acuerdos reparatorios.

Indicó que su abogado Rodolfo Reus le platicó que durante un viaje a Texas junto con el ex gobernador, éste le confirmó el interés y el compromiso de entregar los bienes inmuebles a cambio de los acuerdos.

Esta situación, junto con las filtraciones de algunos audios –menciona el ex funcionario duartista–, son una muestra de que el fiscal Jorge Winckler tenía pleno conocimiento de los acuerdos entre sus abogados con el gobernador Yunes Linares y que desde la Fiscalía se participó en el engaño y confabulación para la ejecución de donaciones en su agravio.

Cabe precisar que Arturo Bermúdez Zurita, además de los hechos de corrupción, también enfrenta una carpeta de investigación por su probable participación en la desaparición de personas durante su era al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que colectivos de búsqueda de personas se han pronunciado en contra de la posibilidad de que obtenga su libertad.