Política

Faculta Winckler Ortiz a personal para intervenir telecomunicaciones

octubre 18, 2018

El fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortíz delegó a siete fiscales regionales, cinco fiscales especializados, al visitador general, al director de la Policía Ministerial y al director de la Unidad Antisecuestro la facultad de poder solicitar la intervención de telecomunicaciones, así como ubicar en tiempo real la geolocalización de cualquier teléfono celular.

A través de un acuerdo publicado en un número extraordinario de la Gaceta Oficial del Estado, el titular de la Fiscalía justificó que para un mejor funcionamiento y obtención de resultados en materia de procuración de justicia, resulta necesario delegar, en los servidores públicos el poder intervenir las telecomunicaciones, siempre y cuando sea autorizado por un juez de control federal. La intervención de las telecomunicaciones y la geolocalización en tiempo real, está considerado dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, que faculta a la Procuraduría General de la República (PGR) como a los procuradores estatales poder efectuarla.

Ahora, Jorge Winckler delegó en 15 de sus colaboradores poder solicitar a un juez escuchar las conversaciones y mensajes, que emitan una o varias personas en diversos sentidos.

Los requisitos que habrán de cumplir al momento de solicitar a un juez de control la autorización para intervenir una comunicación es el nombre de la persona o personas que serán sujetas a la medida; la identificación del lugar o lugares donde se realizará, si fuere posible; el tipo de comunicación a ser intervenida; su duración, la cual, incluyendo su prorroga, no podrá ser mayor a seis meses; el proceso que se llevará a cabo y las líneas, números o aparatos que serán intervenidos; y, en su caso, la denominación de la empresa concesionada del servicio de telecomunicaciones a través del cual se realiza la comunicación objeto de la intervención.

En aquellos casos en que esté en peligro la integridad física o la vida de una persona o se encuentre en riesgo el objeto del delito, así como en hechos relacionados con la privación ilegal de la libertad, secuestro, extorsión o delincuencia organizada, los servidores públicos, en quienes se delega la facultad prevista en el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, bajo su más estricta responsabilidad, podrán ordenar directamente la localización geográfica en tiempo real o la entrega de los datos conservados a los concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, para actuar en consecuencia.