Política

Piso parejo para Duarte y Yunes

septiembre 28, 2018

Con su credibilidad y aceptación difuminadas tras el abusivo intento de imponer a su hijo en la gubernatura y de paso tapar todo el desgarriate financiero y abundantemente opaco en la renegociación de la deuda, la requisa de los bienes y cuentas bancarias que de manera formal e informal les arrebató a duartistas, los negocios en la Secretaría de Salud y el desvío de recursos públicos para la campaña gubernamental, a Miguel Ángel Yunes sólo le queda seguir encaramado en el circo mediático del proceso penal de Javier Duarte.

El panista sigue insistiendo en que gracias a sus oficios policíacos, el ex gobernador fue aprehendido y que por su insistencia es que se ha hecho justicia con el que probablemente sea el mandatario más corrupto en la historia de Veracruz, aunque habrá que esperar a ver qué resultados arrojarán las auditorías que el gobierno entrante y la ASF le practiquen a la gestión yunista.

Resulta indignante y obsceno el trato preferencial que las autoridades federales le dieron a Duarte de Ochoa así como la ridícula multa de 60 mil pesos al autor de la quiebra financiera del estado. También expone la liviandad de los jueces que al momento no han considerado al recluso en el Cereso norte como corresponsable de los delitos de lesa humanidad que sacudieron a la entidad durante su aciago mandato.

Sin embargo, no se debe perder de vista que a la conclusión del mandato duartista, en los dos años del minigobierno yunista, las cosas siguieron prácticamente iguales: el uso patrimonialista de los recursos públicos para fines familiares y políticos; una pesada cortina desinformativa con respecto a la realidad financiera de las arcas veracruzanas; la más absoluta falta de empatía con los colectivos de familiares de desaparecidos, provocada acaso por el enorme ego del gobernador y en gran medida también por la ineptitud y zalamería del Fiscal de la Familia, Jorge Winckler Ortiz, pero sobre todo la imparable estela de inseguridad e incertidumbre que asola prácticamente toda la geografía veracruzana.

Sí es importante el caso Duarte y lo es aún más que reciba el castigo que se merece, que además se le requisen los bienes mal habidos, pero para beneficio de la sociedad y que su integración al patrimonio público no sea utilizada como capital político. Pero también es sustantivamente importante no perder de vista que el gobierno actual cuando menos resulta sospechoso de haber utilizado el presupuesto estatal para fines ajenos al bienestar público. Que se castigue con todo el peso de la ley a Duarte y a sus cómplices pero que también se investigue hasta sus últimas consecuencias las probables acciones cometidas en ese mismo sentido por la administración de Yunes Linares.

El mismo gobernante panista ha dicho que no le dejará un centavo a la administración entrante cuando en el mes de mayo –ensoberbecido por la posibilidad del triunfo de su vástago– había asegurado que su gobierno dejaría en caja la suficiente previsión financiera para cumplir los compromisos de fin de año. En ese repentino cambio de discurso se halla escondido el huevo de la serpiente. Es justo entonces que tanto para Duarte como para Yunes haya piso parejo en materia de justicia.