Política

Incomprensión, seguridad y fosas

septiembre 12, 2018

Encaminado hacia el final, la administración de Miguel Ángel Yunes Linares se emproblema con las consecuencias de su propio estilo. Con el lastre del incumplimiento de sus compromisos, particularmente el más sentido, el de la seguridad pública que alguna vez ofreciera resolver en un semestre.

Y es precisamente eso lo que explota como consecuencia de sus propias intenciones de lucimiento. Prometió atender el asunto de la inseguridad pública, incumplió desde luego, y en el camino de hacerlo se empecinó en despreciar a la sociedad que gobierna. Especialmente a los familiares de las víctimas de desapariciones.

Como desde que anunció el hallazgo de un campo con cientos de restos humanos en el que, dijo, trabajaba desde hacía varias semanas pero del que nunca tuvo la decencia de avisar –precisamente– a las organizaciones de la sociedad que por necesidad se han tenido de adiestrar hasta convertirse en expertas en la búsqueda, localización y exploración de fosas clandestinas.

Los colectivos, especialmente Solecito, señalan que se sabía de esas fosas, las localizadas en Arbolillo, desde hacía tiempo. En los primeros meses del año pasado se exploró esa zona con la presencia de miembros de este grupo, pero las autoridades decidieron administrar la noticia. Un año y medio después, lo presentaron como hallazgo únicamente de las autoridades. Lo que hace suponer que la fiscalía tiene problemas de memoria, o que su sistematicidad tiene serias inconsistencias.

Cualquiera que sea el caso, lo que queda medianamente claro es que, en el sentido estricto, para este gobierno los gobernados son punto menos que irrelevantes. Excepto como mercado del voto o para validar imagen. Cosas que a los estilos autoritarios les va bastante mal porque la consideración de la ciudadanía es algo que simplemente no se les da. No entienden el concepto ni su necesidad. Y, si nos atenemos a lo dicho por el colectivo Solecito, no sólo no entienden sino que mienten. Cosa que tampoco extraña.

Existe la probabilidad de que el gobierno veracruzano, específicamente el funcionario titular de la fiscalía del estado, Jorge Winckler, sea demandado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Si eso preocupa –o por lo menos ocupa– al Gobierno del Estado imposible saberlo, aunque a la distancia pareciera improbable. En la agenda del gobierno no cabe otra consideración prioritaria que no sean las suyas.

Ahora, si las fosas son o no anteriores a esta administración también es irrelevante, lo sustantivo es la consistente demostración de incompetencia y la manipulación de información para proteger –antes que a cualquier otra cosa– los intereses del gobierno.