Política

Inconstitucional, decreto de Yunes Linares para no reconocer deuda con empresarios

septiembre 11, 2018

Un Tribunal Colegiado de Circuito calificó como inconstitucional el procedimiento mediante el cual el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares se ha negado a reconocer la deuda con los empresarios, así como las trabas que ha puesto para revisar, en diversas ocasiones, las facturas a fin de revisar su autenticidad.

Cansados y molestos porque el gobierno de Veracruz no quiso reconocer la deuda heredada por Javier Duarte de Ochoa, un grupo de empresarios representados por el abogado Argel Humberto Aguirre García promovieron un amparo contra la inconstitucionalidad de los actos del mandatario estatal.

Con el amparo ganado, dijo el litigante, el reconocimiento y pago de las deudas no están sujetos al capricho del gobernante en turno.

Aunque primero, un juez federal no les concedió la razón, tras una revisión en un Tribunal Colegiado de Circuito, los magistrados reconocieron la ilegalidad en la cual estaba cayendo el gobierno estatal, por lo cual amparó a un grupo de empresarios contra el "no pago" de la deuda.

Argel Humberto Aguirre García precisó que dicho amparo declara inconstitucional el decreto para la revisión de la deuda.

"Si bien es cierto que es facultad constitucional del gobernador velar por el uso correcto de los recursos públicos, no puede estar por encima de las garantías constitucionales de seguridad jurídica y debido proceso de los gobernados. Justamente ahí radica la importancia y la relevancia de este amparo, pues un juez federal consideró que el decreto impone en los empresarios veracruzanos obligaciones adicionales a las que originalmente se habían pactado en sus contratos", expresó.

Señaló que él, junto con otros empresarios, buscó mediante el diálogo conseguir el pago de los adeudos. Sin embargo, ante la cerrazón de la administración estatal, iniciaron esta acción legal que finalmente les redituó a su favor.

Comentó que actualmente, con el proceso de reconocimiento de la deuda, establecido por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, éste se convertía en juez y parte, y no daba certeza del pago, a pesar de ya haber sido acreditada la deuda.