Política

Consejo Universitario General

septiembre 11, 2018

En la universidad pública de México, y en general de América Latina, la idea, y después el concepto de la autonomía es la categoría en constante discusión. Y el tema lo es porque constituye el eje sobre el cual descansan todas las libertades de la educación superior a partir del ejercicio del poder desde la perspectiva del Estado. Es tema siempre recurrente en los espacios universitarios, y de éste se desprenden todos los demás que puedan ponerse en la mesa de discusiones. Y uno de los más sensibles es el relativo al llamado Consejo Universitario General (en adelante CUG).

El punto nodal del mismo se haya en la capacidad de creación de los espacios necesarios para crear la legalidad, y a la vez, la legitimidad de los consensos universitarios. Es un órgano legislador por excelencia, pero también es un órgano de toma de decisiones y en última instancia de aplicación de la normatividad para los casos específicos, a los cuales se les podía aplicar la designación de judicialización de las decisiones normativas de la universidad.

El modelo general y, casi estructural, que sigue la dimensión del CUG, es el relativo a la división de poderes establecidos en el siglo XVIII por los pensadores de la Ilustración europea, y que tuvo los más felices resultados en la organización del Estado moderno. En el caso de la universidad pública, si bien es cierto que se sigue el modelo de tripartición del poder, también es verdad el seguimiento de la idea de una estructura generatriz de toda la autoridad universitaria, una vez que se cumplimentan los requisitos de la norma constitucional que reconoce la autonomía universitaria, la cual no tiene ninguna semejanza con las otras autonomías del propio orden de la Carta Suprema.

Con todo ello, el citado CUG no es el único órgano con capacidades legislativas, sino que es el primero en un orden de prelación, pues existen una serie de cuerpos intermedios que deben tomar decisiones, en función de las competencias con que han sido dotados. Desde los consejos técnicos hasta la propia Junta de Gobierno, pero lo que los hace diferentes, independientemente de sus facultades normativas, es que sus decisiones en materia legislativa deben pasar por el tamiz del Consejo Universitario. Y esto se debe al principio de integración del ejercicio de la autonomía y la congruencia normativa de la propia legislación universitaria. En síntesis se trata de evitar las contradicciones entre las propias normas realizadas en los diversos estratos de autoridad.

Ahora bien, en el modelo general de la universidad pública el CUG es el órgano central y máximo de las instituciones de educación superior. Y su jerarquía obedece no suficientemente al principio de autoridad, sino en función de la dinámica de la racionalidad en la que se mueven todos los integrantes de los cuerpos universitarios mencionados en el proyecto sometido a discusión por la Universidad Veracruzana en estos últimos días.

De esta forma, se encuentra a un CUG dotado de una serie de facultades (artículo 9 del proyecto de Ley Orgánica) que implican un ejercicio de las atribuciones de autogestión en la constante movilidad de la educación superior. Si se analizan las 17 fracciones con que está compuesto el artículo citado, cerca de un 67% son de carácter legislativo, pues conlleva a crear el orden de derecho en medida de la participación de todos los cuerpos colegiados que integran a la universidad, como se dijo con anterioridad desde los consejos técnicos de las entidades académicas. Las otras pueden derivarse en medida de la legitimidad de ejercicio, o en su caso, revisión de determinadas situaciones que debe conocer ese órgano supremo.

En ese orden de ideas de las fracciones apuntadas en la legislación ordinaria, es decir, la emanada al interior de la propia universidad, habrán de generarse una serie de estructuras reglamentarias que desarrollen los principios anotados, ya en sus particularidades, pero siempre en estricto apego a lo determinado por la norma orgánica, no se puede violentar la norma orgánica como ha sucedido en muchas ocasiones en función de elementos fácticos.

Desde el punto de la publicación de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz en que concede la facultad de crear su propia Ley Orgánica existe la responsabilidad de dotar a la UV del documento adecuado a las condiciones actuales, y en medida del ejercicio de la autonomía que a la vez de ser una norma constitucional también es un principio.