Política

CGE: patrimonio de funcionarios, confidencial; organismo viola ley

septiembre 10, 2018

La Contraloría General del Estado (CGE) ha decidido violar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y ha catalogado como información confidencial las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios estatales, incluyendo la del propio gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

Tal como en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, ahora tampoco pueden hacerse públicas las declaraciones patrimoniales, pues se podría causar un daño moral a los funcionarios estatales o generarles incertidumbre.

A pesar, de que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha pronunciado a favor de hacer públicas las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses de los servidores públicos, en el caso de Veracruz, el contralor Ramón Figuerola Piñera ha decidido clasificar esta información como confidencial y evitar que la sociedad conozca si es acorde la evolución patrimonial de los funcionarios estatales.

Incluso, la Contraloría General fue en contra de la voluntad de algunos servidores públicos, quienes manifestaron su deseo de hacer pública su declaración patrimonial, pues decidió establecerla como reservada.

De la veintena de servidores públicos de primer nivel, incluyendo al propio gobernador, únicamente cuatro servidores dieron su consentimiento para la divulgación de su declaración patrimonial como fueron el secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán sin ninguna restricción; el secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié; el secretario de Desarrollo Económico, Alejandro Zairick Morante y la secretaria de Infraestructura y Obra Pública, Yolanda Baizabal Silva, estos tres en una versión pública.

A través de una solicitud de información el pasado 15 de agosto se requirió copia simple de las declaraciones patrimoniales tanto del gobernador, como de cada uno de los titulares de las dependencias, pero la Contraloría General decidió sesionar ocho días después, es decir el 23 de agosto para clasificar esta información como confidencial.

De esta forma, el contralor Ramón Figuerola Piñera decidió encubrir el avance patrimonial de los funcionarios panistas y perredistas en los últimos dos años.

La propia dependencia estableció que previamente, Rogelio Franco ya había autorizado hacer pública su declaración; mientras que Alejandro Zairick, Jaime Téllez y Yolanda Baizabal también, pero de una versión pública.

A pesar de este consentimiento, la Contraloría General del Estado decidió pasar por encima de la ley y de la voluntad de esos cuatro funcionarios para sesionar su Comité de Acceso Restringido a la Información para clasificar estos datos como confidenciales.

La justificación que dio la Contraloría para clasificar esta información fue que las declaraciones anuales de situación patrimonial contienen información de carácter personal y de terceros, que de llegar a difundirse se estaría violando su derecho a la intimidad.

Tal como en la era duartista, ahora la Contraloría consideró que por encima de la transparencia, está el derecho a la intimidad de los servidores públicos, y que en caso de ser difundida podría usarse en perjuicio de sus titulares, además de poder generar incertidumbre e inseguridad, y en su caso, un posibles daño moral, lo que amenazaría el interés protegido por la ley.