Política

"Irregular", decisión de desaparecer una Sala en Materia Penal, señalan abogados

septiembre 06, 2018

En medio de reclamos, chiflidos y un connato de bronca, el pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sesionó a puerta cerrada para acordar con una votación de ocho votos a favor y uno en contra, la desaparición de la Séptima Sala en Materia Penal a partir del 17 de septiembre.

Aunque algunos magistrados y empleados del Poder Judicial (PJEV) intentaron ingresar al Salón de Plenos, les fue impedido por personal de seguridad y algunos auxiliares, quienes recibieron instrucciones de no dejar pasar a nadie.

En la sesión del pleno participaron los presidentes de las tres Salas Civiles, de las cuatro Penales, de la Sala Constitucional y el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña.

Ahí, a propuesta del propio presidente del Poder Judicial, se planteó eliminar la Séptima Sala Penal, como parte de una política de austeridad, además para reestructurar las demás salas, donde hay vacantes por los magistrados que han sido dados de baja al cumplir los 70 años de edad.

El secretario de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, Andrés Domínguez Fernández, aseguró que la decisión estuvo basada exclusivamente en la política de austeridad, pues señaló habría un ahorro de 35 millones de pesos.

Indicó que ya no es necesaria la Séptima Sala, porque en años anteriores se llegaron a resolver 7 mil 800 asuntos entre las cuatro salas penales, pero el año pasado apenas llegó a 3 mil 200, cifra que será similar en el presente año, por lo cual se consideró innecesaria.

Descartó que haya obedecido a un interés político, por el contrario se reasignará a los magistrados Raúl Pimentel, Alberto Sosa y Martha Ramírez, cada uno en las otras tres salas penales restantes, donde hay vacantes de magistrados.

Reconoció que actualmente algunos jueces de primera instancia han sido habilitados como magistrados temporales, en lo que se dan los nombramientos definitivos de magistrados por parte del Congreso del estado.

Señalan inconformes, contradicción del presidente del Tribunal

Para algunos juristas, la forma que el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Edel Álvarez Peña, determinó la desaparición de la Séptima Sala Penal fue "irregular", porque no existía un motivo para hacerlo, además también nombró como juez del Juzgado Segundo de Xalapa a Alejandro Rodríguez Mejía, sin que cumpliera los requisitos de ley, como es el de contar con 10 años de antigüedad.

Abogados que laboraban en la Séptima Sala Penal señalaron contradicciones de Álvarez Peña: "él alega entre uno de los puntos un principio de austeridad, pero no tiene razón porque los presupuestos ya están dados para este año y además dice que el personal no sería despedido sino que sería reubicado, ¿entonces dónde está la austeridad?".

Álvarez Peña fue dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y es dueño de dos medios de comunicación en el estado de Veracruz, fue impulsado por el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, y con el respaldo del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares se convirtió en magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, pero al pretender desaparecer la sala "está cometiendo un acto de abuso de autoridad", sostuvieron los inconformes, quienes pidieron resguardo de su nombre.

Los trabajadores desmintieron que esta sala estadísticamente haya tenido en este año menos productividad, ya que está al día y los criterios adoptados están ajustados a derecho y a los lineamientos establecidos en los diversos instrumentos internacionales.

Y entre las contradicciones sobre la austeridad, refirieron los trabajadores que mientras el argumento es que no hay recursos se están creando 15 juzgados de lo familiar y pretende crear 15 microregionales, además de endeudar al Poder Judicial con más de mil millones de pesos.