Política

Porqués al anteproyecto

agosto 01, 2018

El anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana aparecido el 2 de julio en el portal institucional (https://www.uv.mx/legislacion/general/anteproyecto-de-ley-organica-de-la-universidad-veracruzana/) va en detrimento de la institucionalidad universitaria, por lo que ha generado sorpresa y preocupación que ya se expresan en diversos medios. Por tanto, son válidas las siguientes preguntas a los autores de tal documento.

¿Por qué el anteproyecto no incluye una explicación de las intenciones de la modificación de la ley?, ¿Por premura o porque se considera que la comunidad universitaria y la sociedad no merecen una explicación? ¿Por qué se abre la consulta en un periodo sin estudiantes ni profesores en las aulas (intersemestre y vacaciones)?, ¿Porque hay cierta prisa que los mortales no comprendemos o porque en periodo escolar una consulta es más participativa? ¿Por qué ahora? ¿Por qué la urgencia?

¿Por qué la consulta se propone vía internet?, ¿Por un afán de modernidad o porque es menos molesta que la organización de foros en los que tendría derecho a participar la sociedad veracruzana toda? ¿Por qué el formato de consulta por internet sólo recibe propuestas concretas y está cerrada a la reflexión y critica, omitiendo la discusión de eso que los juristas llaman el "espíritu de la ley"?

¿Piensan, por cierto, que la primera de las atribuciones de a UV (artículo 4 del anteproyecto) es "Iniciar leyes ante el Congreso del Estado en materia Universitaria", antes que "impartir educación… formular planes y programas de estudio, de investigación, de difusión y la extensión de la cultura…"?

El Reglamento Interno de la Junta de Gobierno recomienda su composición con cuatro miembros externos y cinco internos. Lo anterior resultó de que la primera Junta que designó el Consejo Universitario (1996) -a partir de las sextetas que propusieron el Gobernador, el Rector y la Legislatura- resultó conformada por cuatro externos (Axel Didriksson, Carlos Payán, Julio Rubio y Miguel José Yacamán), y cinco internos (Ragueb Chahin, González Deschamps, José Luis Melgarejo, Luis Arturo Ramos y Rafael Velasco). Posteriormente la propia Junta consideró que tal proporción de cuatro a cinco era conveniente y la plasmó en su reglamento, pero no está en la ley. ¿Por qué ahora se restringe a dos el número de externos y se intenta amarrar en la Ley Orgánica? ¿Hay evidencias de que los miembros externos de la Junta han sido lesivos para la Universidad?

¿Por qué se amplía el periodo de los rectorados a seis años y se elimina la posibilidad de ratificación –que no reelección- para un segundo periodo? ¿Se ha visto que ocho años son muchos pero que cuatro son pocos para concretar un programa de trabajo?, ¿se tienen datos que lo sustenten? ¿Por qué la permanencia de los integrantes de la Junta se disminuye a cuatro años? Habría, entonces, integrantes que no intervendrían en la sucesión rectoral que se daría cada seis años. ¿Cuál sería entonces su papel? Actualmente, con rectorados de cuatro años, los integrantes de la Junta permanecen cinco para garantizar que cada uno participe en una sucesión y, eventualmente, en dos.

El 2 de septiembre de 2013 la Junta de Gobierno por voz de su presidente afirmó: "…se escuchan voces que sugieren una mayor representación de las distintas regiones universitarias en la Junta de Gobierno, sin perder su composición paritaria de integrantes propios y externos a la Universidad Veracruzana. Y una idea más que ronda en el ambiente, es la participación de la Junta en nombramientos de autoridades como vicerrectores, a cambio de dejar plena libertad a la persona titular de la Rectoría en los nombramientos de las Secretarías…" ¿Es esta un propuesta descabellada? ¿Les parece más razonable restringir las facultades de la Junta a sólo la designación del Rector? ¿Que sus miembros resulten de propuestas del Rector y no de ternas confeccionadas por la propia Junta, previa consulta a la comunidad, como ocurre ahora?

En cuanto a la Contraloría debe decirse que ha jugado un papel fundamental en el cuidado del patrimonio universitario, aunque su pertenencia a la Junta de Gobierno consume tiempo de los miembros de esta última en tareas técnicas no del todo fáciles, por lo que sería deseable que una instancia, con tanta autoridad como la tiene la Junta de Gobierno –similar al Patronato de la UNAM– profesionalice a la autoridad colegiada de la que dependa la Contraloría. O, ¿es mejor que la Contraloría dependa directamente del Consejo Universitario General, donde se diluye la responsabilidad de esa tutela, y que los contralores emerjan de propuestas del Rector y no de una autoridad independiente como lo es la Junta?

En resumen, que el anteproyecto apunta a una pérdida de facultades de dos instancias de contrapeso a la Rectoría: la Junta y la Contraloría; en cambio se exacerban las facultades del Rector. Entonces, surge una pregunta más, quizás la más importante de las formuladas en esta nota: ¿no es mejor reponer el proceso de elaboración y consulta de una nueva Ley Orgánica? Si las preguntas previas no se pudieron responder de manera satisfactoria en términos de un mejor funcionamiento de la Universidad, la respuesta a esta última es que sí, que lo más conveniente es reponer el proceso ■