Se desconoce la verdad a tres años de homicidios en Narvarte
julio 31, 2018 | La Jornada y agencias

Ciudad de México.- A tres años del asesinato de Mile Virgina Martín, Yesenia Quiroz Alfaro, Nadia Vera Pérez, Alejandra Negrete y Rubén Espinosa Becerril, ultimados el 31 de julio en un departamento de la colonia Narvarte, familiares y organizaciones denunciaron que siguen sin saber la verdad de lo que ocurrió aquel día.

"Aunque la autoridad de la ciudad se empeñe en presentar públicamente el caso como un asunto concluido, las familias de las víctimas así como las organizaciones insistimos en que el caso Narvarte sigue y seguirá abierto hasta que se garantice plenamente el derecho a la verdad, a la justicia y a una justa reparación, y hasta que se asegure institucionalmente que crímenes como estos no quedarán impunes", advirtieron.

Las organizaciones señalaron que los hechos fueron una ejecución. Héctor Pérez, de la Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas del ITAM, dijo que la mecánica que estableció la propia procuraduría (general de justicia de la Ciudad de México) habla de un tiempo de 40 minutos en el cual estos posibles perpetradores estuvieron en el departamento. Durante ese tiempo realizaron actos de agresión directa contra las víctimas que incluyen lesiones con armas punzo cortantes, estrangulación, violencia sexual contra una de las víctimas y cinco llamados tiros de gracia, es decir disparos con arma de fuego automática en la cabeza".

Las organizaciones agregaron que además de los tres acusados, uno de ellos, Abraham Torres, sentenciado a 315 años de prisión, existe la posibilidad de que haya un cuarto implicado pues se encontró una huella de zapato del número seis que no coincide con ninguno de los ya señalados, además de que también descubrieron ADN que tampoco coincide.

"Esto como representantes de las víctimas nos genera serias dudas. Es decir, hay una contaminación de la escena por parte de la procuraduria que no ha querido ser reconocida abiertamente o se trata de una persona adicional a estas tres", dijo Héctor Pérez.

La organización Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social consideró que la PGJDF podría estar apostando "al cansancio y al olvido pues todo parece indicar que no están interesados en investigar realmente lo que ocurrió", ni en garantizar el derecho a la verdad de las víctimas.

Señaló que ninguna autoridad ha sido sancionada por las violaciones que se cometieron "y que se siguen cometiendo en este caso. Por el contrario, personajes que estuvieron directamente vinculados con la investigación en su etapa inicial han sido promovidos a otros cargos de mayor responsabilidad".

Las organizaciones denunciaron que a partir de la revisión de los videos que la Secretaría de Seguridad Pública capitalina registró, detectaron "varias contradicciones en los testimonios, de testigos y agentes policiales, que en su momento la PGJDF utilizó para acusar a las personas detenidas".

Expusieron que la Recomendación 04/2017 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a pesar de haber sido aceptada por las autoridades capitalinas "se ha convertido sólo en un instrumento de buenas voluntades, pero de nulas acciones concretas, pues a un año de su emisión no se han logrado cumplir ninguno de los puntos".

Entre las recomendaciones se pide el diseño e implementación de un plan de investigación por parte de la PGJCDMX, "la autoridad ministerial sigue obstinada en no agotar profusamente otras línea".

Agregaron que tampoco existe una propuesta formal por parte de las autoridades capitalinas para realizar el acto de disculpa pública que mandata la recomendación ni para avanzar en la implementación de garantías de no repetición.

PGJ de CDMX se niega a llamar a Bermúdez por asesinatos

A tres años de los asesinatos en la Colonia Narvarte de la Ciudad de México, no hay claridad del móvil del crimen, se desconocen los hechos exactos que sucedieron en el departamento donde ocurrió el crimen, y se ha negado el derecho a la verdad y la reparación del daño a la familias.

Aun cuando hay una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México con 17 puntos, a la fecha ninguno se cumplido, el plan apenas está en vías de diseño, pues no hay una propuesta que cumpla con los elementos de una investigación integral y una reparación del daño a las familias de las víctimas.

Leopoldo Maldonado, abogado de Artículo 19 y coadyuvante en el caso, señaló que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, ha sido omisa y se ha encargado de obstaculizar la investigación para conocer la verdad del caso.

En conferencia de prensa los abogados Patricia Espinosa, hermana de Rubén e Indira Alfaro, madre de Yesenia Quiroz, denunciaron que se han sostenido más de diez reuniones de trabajo y la autoridad ministerial sigue negándose a abundar sobre líneas de investigación que se vinculen con la persecución política que padecieron Rubén y Nadia y que los obligó a desplazarse a la Ciudad de México.

Maldonado señaló que las investigaciones revelan que el ex Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, tiene al menos seis empresas de seguridad en la Ciudad de México, una muy cerca de la calle Luz Saviñón (donde se ubica el departamento del crimen), pero la Procuraduría se ha negado a solicitar datos de prueba que lo vinculen.

También evita robustecer elementos que tienen que ver con la existencia de fuerzas parapoliciales vinculada a desapariciones, torturar y asesinar. "Hoy sabemos que el gobierno de Veracruz en la época de Javier Duarte, operaba grupos parapoliciales al margen de la ley que secuestraban, torturaban y desaparecían personas con total impunidad. Sabemos que esta red de grupos parapoliciales de Bermúdez Zurita operaba igual contra adversarios de grupos criminales que contra opositores políticos, sin embargo, todo eso para la PGJ CDMX es irrelevante y no "ayuda en nada a la investigación".

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