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julio 29, 2018

La tragedia humanitaria que vive Veracruz desde hace una década se ha duplicado por la incompetencia de las fiscalías o por su indiferencia. Eso, en el mejor de los casos, porque habrá algunos que sospechen incluso de complicidad.

La insatisfacción por el desempeño institucional y personal de los funcionarios públicos ha sido evidente a lo largo de estos años.

El actual gobierno llegó, ya se ha dicho, con grandes expectativas sobre sus hombros. Pasó la factura a las miríadas de la cleptocracia anterior pero más nada.

De ahí que las mujeres integrantes de Solecito expresaran al gobernador electo Cuitláhuac García su esperanza de que el actual fiscal sea juzgado una vez que la nueva administración tome el poder. El reclamo desde luego hará sentido para muchísimas víctimas de la violencia. Al dolor de la tragedia personal y familiar por la desaparición de alguien amado se suma la de una autoridad profundamente cuestionada por su total falta de resultados en el tema específico de las desapariciones. Y aún falta por deslindar cuántas de ésas desapariciones han sido forzadas o perpetradas por personal de alguna corporación gubernamental.

Por lo pronto, en lo que parece no haber duda es que lo hecho por el actual gobierno es decepcionante. Lo suficiente como para que el gobernador electo le pusiera nombre a la circunstancia: tragedia humanitaria. No poca cosa, y más porque pese a estar cotidianamente documentada en todo su horror, las autoridades la toman y reaccionan ante ella como si ésa fuera la normalidad. Hay un problema muy serio de calidad humana implícito en ello.

Cuitláhuac García responde con que empatía y adelanta que la nueva diputación podría tomar cartas en el asunto y emprender juicio político contra Winckler desde su primera sesión, además de sostener formalmente reuniones de retroalimentación e información con los colectivos

El estado se desgarra, pues, entre la parálisis de generación de riqueza y su reparto justo, y el pasmo desesperante de la procuración de justicia, excepto que sea el específico interés del gobernador, como ha sido el caso.

La tarea es abrumadora por varias razones, no sólo por su magnitud. La presencia crítica y colaborativa de expresiones sociales como los colectivos de búsqueda de desaparecidos es imprescindible para que los gobernados se hagan y hagan valer su capacidad de interlocución con el gobierno. Así, y sólo así, es como se construye y cimienta una sana relación gobernante-gobernados. Cuando la autoridad se legitima sobre la base de demostrar que es realmente necesaria.