Política

Decadencia

junio 21, 2018

En dos terceras partes de los estados de la República las circunstancias para la ciudadanía se han vuelto peores. No hace muchos días que se dieron a conocer las cifras que revelan que 2017 fue el año más violento de los últimos 12. No es poco decir si se recuerda la pesadilla macabra del sexenio de Calderón Hinojosa.

El caso Veracruzano tiene el mismo comportamiento, el gobierno controla formalmente ciertas ciudades, pero está rodeado y penetrado por la delincuencia. Carreteras, caminos y vías férreas son constantemente escenario de crímenes. Huachicoleros desbordados, asaltatrenes saboteadores, trata, narcotráfico.

Los trabajadores sindicalizados proponen ser armados para defenderse. El secretario de Seguridad Pública del estado ha sugerido que trabajadores ferrocarrileros están involucrados con alguna facción de la delincuencia organizada. En efecto, no se entendería de otro modo la frecuencia y precisión de los robos, o el boicot de hace un par de semanas.

Decir eso es punto menos que una verdad de Perogrullo. Desde luego que están involucrados. Sin embargo, dadas las circunstancias lo más probable es que los trabajadores sean más víctimas que delincuentes. Como en el resto de las actividades lícitas penetradas por la delincuencia, los trabajadores son obligados a colaborar a riesgo de perder sus vidas y probablemente sacrificar a sus familias.

Pero la evolución geométrica del crimen obedece más a las amenazas con las que obligan a la colaboración a los trabajadores ferrocarrileros, que a la codicia por ganarse unos pesos extra. En este aspecto, los trabajadores ferrocarrileros son víctimas.

El secretario de Seguridad Pública del actual gobierno habla de colusión de los trabajadores con el crimen. Es posible, eventualmente en algunos casos. Pero hay razones para ser cautos al respecto. Colusión significa la acción de pactar en contra de un tercero, los operadores ferrocarrileros. No es verosímil que un trabajador sindicalizado decida conspirar en contra de su fuente de trabajo. Si lo hace, lo más probable es que sea bajo presión criminal. ¿O es que el secretario tiene datos duros que sugieran o prueben la colusión? Si los tiene debería entonces decirlos. De otro modo el dato queda a nivel de chisme, de impresión personal.

La realidad es que el problema se presenta en todo el país, los trenes son vulnerables y los personajes que gobiernan el sistema son incapaces de ofrecer protección. Tanto a ferrocarrileros como a la ciudadanía. Esta es una dinámica que habrá de continuar si también continúan en el poder la sub especie gobernante actual. Dicho en breve, se necesita cambiar completa a la élite gubernamental que opera las decisiones y sustituirla por una élite a la que la metástasis con el crimen no haya tocado.