Política

UPAV, la ilegalidad institucionalizada; el estado se queda con el dinero de trámites

mayo 09, 2018

Carlos Raúl Velázquez Hernández, actual rector panista de la UPAV, ha mejorado el sistema de violaciones y abusos al interior de la universidad, argumentando estar avalado por la autonomía universitaria, para muestra de esto la recaudación de recursos económicos por conceptos de cuotas "voluntarias" que los alumnos aportan trasladados de manera directa a las arcas del gobierno del estado de Veracruz, sin siquiera existir autorización por parte del Congreso del Estado de Veracruz.

A partir del 8 de diciembre de 2017 la administración de la UPAV designada por el actual gobierno informó en su página oficial www.upav.edu.mx un "Catálogo de contribuciones por concepto de servicios otorgados por parte de la UPAV" en donde se desprenden una serie de cobros ilegales que van desde trámites de emisión de certificados hasta trámites de expedición de título.

Cobros como por ejemplo los 50 mil pesos por concepto de trámite de incorporación por planes y programas educativos particulares. Es decir, si alguna escuela que está o desea incorporarse desea hacer uso de los programas académicos de la UPAV deberá pagar esta cantidad por cada plan y programa, sin embargo muchos de esos programas fueron donados por las mismas instituciones incorporadas al inicio de la administración del Mtro. Guillermo Zúñiga Martínez.

La escuela incorporada que desee hacer uso de los programas académicos que "donaron", además deberá por obligación presentar documentos comprobatorios que demuestren tener instalaciones propias, sin embargo, la misma UPAV no cuenta con este requisito, puesto que uno de los principios del Decreto de Creación de la universidad afirma que se deberán aprovechar las instalaciones ya existentes del estado para poder hacer uso de estas en horarios adecuados y con esto combatir la pobreza a través de la educación.

Aunado a esto, las escuelas incorporadas que en su principio eran casi 140 y que a la fecha son 54, deberán hacer pagos por conceptos de Dictamen por supervisión de escuelas incorporadas tipo A (3 mil pesos); Dictamen por supervisión de escuelas incorporadas tipo B (5 mil pesos); Dictamen por supervisión de escuelas incorporadas tipo C (10 mil pesos); Dictamen por supervisión de escuelas incorporadas tipo D (15 mil pesos); además de actualización de programa académico por la cantidad de 15 mil pesos.

Todos estos conceptos también pagados a las arcas del gobierno del estado de Veracruz con notificación directa a través de la página Oficina Virtual de Hacienda (OVH) www.ovh.gob.mx en donde de manera obligatoria se deberán hacer estos pagos, pues de lo contrario los alumnos no serán reconocidos por parte de la UPAV, sin embargo, la misma Universidad no cuenta en sus informes en su página de Internet de ningún documento oficial que avale dicha asignación de recursos de manera directa al mismo gobierno.

Carlos Raúl Velázquez Hernández ha perfeccionado el uso ilegal de los recursos que Andrés Blancas Portilla y Maribel Sánchez Lara han hecho, esta última asignándose de manera directa 3 millones de pesos para gastos personales, y que hasta la fecha no se ha procedido legalmente para aclarar el destino de los recursos.

En la página oficial de la UPAV la falta de transparencia y la ilegalidad son evidentes, ya que en la misma se pueden descargar documentos comprobatorios de estas violaciones. Tal es el caso de la circular número 10 emitida con fecha 10 de febrero de 2016 signada en su momento por el Mtro. Roberto González Díaz, quien ostentaba el cargo de Director de Educación Superior en la Administración del Contador Andrés Blancas Portilla y sin tener facultades pero que en el documento solicitaba a las escuelas incorporadas el pago de una cuota que no fue pactada; sin embargo, el actual rector se sustenta en esta misma circular para seguir cobrando ilegalmente y obligar a cada escuela incorporada a pagar de manera retroactiva, además de asegurar que sus superiores le exigen que se realicen estos pagos o de lo contrario no se podrán expedir documentos tales como títulos y certificados.

Sabido es que la Universidad no cuenta con facultades para hacer cobros por servicios educativos. Ni tampoco lo tiene el Consejo Técnico de la Universidad, ni la Junta de Gobierno, pues no cuentan con este tipo de atribuciones en sus reglamentos. El actual rector mantiene dicha postura de cobros ilegales, ahora apoyado por el gobierno del estado de Veracruz.

Otra de las ilegalidades de la actual rectoría es la no apertura de nuevos grupos, lo que ha generado un daño económico y el perjuicio de la sociedad veracruzana impidiéndole el acceso a recibir educación superior, situación que se ve reflejada en la permanente disminución de la matrícula, mostrando como objetivo final la desaparición y cierre de la UPAV, proyecto que en esencia ha beneficiado a miles de veracruzanos que no tenían acceso a estudios de educación superior.

En junio de 2016, Andrés Blancas Portilla entonces rector y con el aval de Carlos Villa Jimenez, director jurídico de la misma universidad, publicaron el Reglamento General de Incorporación de Estudios de la UPAV, en su interior se puede apreciar conceptos como costos, pagos y cuotas que las escuelas incorporadas deberían realizar de manera obligatoria, dicho reglamento no contó con el aval ni el permiso del Congreso del Estado de Veracruz, además de contravenir al propio Decreto de Creación el cual marca como uno de sus objetivos fundamentales la apertura permanente y el combate a la pobreza, además de violentar el Código de Derechos del Estado de Veracruz ya que este señala que las cuotas voluntarias no son obligatorias y no se consideran contraprestación ni mucho menos motivo de retención de certificados y títulos como lo ha estado haciendo la actual administración de Carlos Raúl Velázquez Hernández.