Sigue omisión de autoridades a 27 años del incendio de Anaversa, en Córdoba
mayo 03, 2018 | Norma Trujillo Báez

Hace 27 años, el 3 de mayo de 1991, ocurrió una emergencia química debido al incendio y explosión de la formuladora de plaguicidas Agricultura Nacional de Veracruz SA de CV (Anaversa). Hasta la fecha los daños a la salud pública y al ambiente no han sido reparados ya que el predio sigue contaminado por dioxinas y furanos (sustancias que causan cáncer), a pesar de estar etiquetado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat ) como sitio contaminado, por lo que se espera que el 9 de mayo la justicia federal dé un fallo a favor de pobladores afectados.

Anaversa estaba ubicada en una zona densamente poblada de esa ciudad, durante casi tres décadas funcionó sin tomar las medidas mínimas de seguridad y con la complacencia de las instancias oficiales responsables de garantizar la salud pública y el medio ambiente. Por el incendio, mal controlado, se contaminaron aire, suelo y corrientes de agua con dioxinas y furanos, muy peligrosos para la salud de las personas y demás seres vivos.

Ante las consecuencias, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió recomendación, pero las autoridades la ignoraron. El 7 de diciembre se interpuso una demanda de amparo indirecto ante el Poder Judicial de la Federación, por medio de la cual se hace un recuento de las violaciones a los derechos humanos y omisiones de las autoridades.

La Asamblea Veracruzana de iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida) y Ambiente y Salud AC señalan en un comunicado que el Estado mexicano ha vulnerado varios derechos humanos: a un medio ambiente sano, a la salud, a la vida, a la integridad personal, a la vivienda digna y al acceso a la justicia entre otros.

Esto ha sido consecuencia de diversas omisiones de las autoridades competentes en este caso; entre ellas, Semarnat, Profepa, SSA, Cofepris y el H. Ayuntamiento Constitucional de Córdoba, las cuales han incumplido de manera reiterada siendo omisas en respetar, proteger y garantizar los derechos humanos como lo establece el artículo primero de la Constitución federal. Además, dichas autoridades no ha prevenido, no han investigado, sancionado ni reparado los daños derivados de la emergencia.

Con motivo de la trascendencia social y jurídica de dichos daños a la salud pública y al ambiente, se consideró la necesidad de intervenir jurisdiccionalmente a través del juicio de amparo indirecto, en forma colectiva, por las diversas omisiones de las autoridades competentes antes señaladas.

El 7 de diciembre de 2017 se interpuso una demanda de amparo indirecto ante el Poder Judicial de la Federación, a través de la cual se hacen valer violaciones a derechos humanos y omisiones de autoridades federales competentes. Actualmente, el juicio de amparo indirecto se encuentra ante el Juzgado Decimosexto de Distrito del Séptimo Circuito con residencia en Córdoba y se ha señalado el 9 de mayo de 2018 para la celebración de la Audiencia Constitucional en la que el Juez deberá pronunciarse sobre el asunto, como resultado de la Sentencia Ejecutoria del 23 de marzo de 2018 derivada del Recurso de Queja número 37/2018, la cual fue emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del mismo Circuito ubicado en Boca del Río.

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