El coco
mayo 02, 2018 |

El sistema de complicidades e impunidad que sustituyó al sistema político autoritario/corporativo que gobernó al país hasta inicio de los 80 muestra signos de verdadera preocupación. Lo que está en juego no sólo es una inusual cantidad de puestos de elección y gubernaturas, sino la naturaleza misma y los propósitos del régimen. Hace muchas décadas que los gobernados no estaban tan cerca de realmente cambiar la naturaleza del régimen. Las probabilidades de que los cómplices que drenan al país pierdan son casi totales. Eso significa muchísimo dinero y recursos naturales.

Y reaccionan. Este fin de semana se denunció la presión de algunos empresarios para que, vista la mediocridad del perfil y la campaña del candidato priísta, éste decline en favor de Anaya para derrotar a la alianza que respalda a López Obrador. Lo mismo aplicaría para Margarita Zavala. Esto, según el vocero de la campaña priísta Javier Lozano y el de Margarita Zavala, Jorge Camacho.

Mucho más importante que lo anterior es lo sucedido durante la semana pasada en la cámara de diputados federal. Asuntos de importancia sustantiva fueron tratados, procesados, de forma completamente facciosa. Entre ellos la ley de publicidad oficial y el asunto de la libertad de internet. Se aprobaron decenas de ordenamientos y otros quedaron inaceptablemente pendientes, como la terminación del fuero, herramienta ad hoc para la instrumentación de la impunidad.

De nueva cuenta, un Congreso dominado por el PRI y sus aliados cumple con la consigna de sacar las leyes al vapor para asegurarse de la protección a sí mismos y la burocracia del Ejecutivo. Es el caso de la ley de publicidad oficial. En lugar de transparentarla y dar con ello posibilidad a reforzar la pluralidad de información como lo sugiere la convención internacional derivada del Informe McBride, lo que hicieron fue legalizar las malas prácticas. En contra, incluso, del ordenamiento de la SCJN que había elaborado una jurisprudencia que exigía al Congreso legislar sobre el tema para evitar el uso faccioso de recursos que debieran asegurar que los gobernados tengan acceso a información crítica para normar su criterio.

Dicho de otro modo, el dinero público destinado a la publicidad oficial seguirá usándose para comprar líneas editoriales, comprar conciencias y para censurar a los medios críticos. La ley aprobada por el priísmo y su fauna de acompañamiento no sólo no cumple con los mínimos requisitos señalados por la SCJN, sino que legaliza las malas prácticas que han sido parte sustantiva de la distorsión de sistema. Todo esto en contra de las voces de expertos de la comunidad internacional y nacional.

Algo equivalente pero de naturaleza distinta sucedió con dos comisionados del INAI a los que se les entrevistó por encima para luego votar apresuradamente bien entrada la madrugada (4 am) y aprobar su habilitación a pesar de que uno de ellos tiene un perfil completamente inaceptable toda vez que en el Senado estuvo a cargo de la transparencia y desde allí se abocó a bloquear las peticiones de trasparencia provenientes de la sociedad. Un ex funcionario de la PGR, cercano a Arely Gómez, inexplicablemente aprobado como comisionado del INAI.

El pacto de impunidad reacciona en niveles diferenciados y todos, al parecer, han sido activados para impedir que la sociedad sanee el sistema.

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