Política

Instituciones vapuleadas, signo de exterminio nacional

abril 16, 2018

Las condenas que se han dictado contra el Estado mexicano por la corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, no es otra cosa que la incapacidad y evidente negligencia de quienes aplican e interpretan la ley y que se erigen, según dicen, en celosos guardianes de la constitución política del país y de los tratados internacionales, cuando en la práctica todo es simulación y engaño.

Si ello fuera cierto, no tendría por qué ser México el hazme reír y estar considerado como uno de los países más corruptos del mundo, y donde la impunidad se enseñorea por doquier sin que exista posibilidad alguna de que esto cambie, salvo que un Hércules llegara al gobierno y sin miramiento alguno actuara en consecuencia.

Las reformas constitucionales que el país se vio obligado a promover no fueron una concesión graciosa, sino resultado de que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia que se negaron a realizar la tarea a que estaban obligados como órgano constitucional autónomo, pues su preocupación se orientó más a que, como aves de rapiña, le hincaran el diente al presupuesto, y con la mayor impunidad se impusieran salarios o emolumentos que ningún togado del mundo disfruta, contraste evidente, de un país en la miseria en tanto la justicia es deleznable.

Ningún togado nacional ha sido enjuiciado –al contrario, es premiado por sus desmanes–, y el más claro y elocuente caso se tiene con los cuatro magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial, que con sus decisiones inatacables acaban de legitimar de un plumazo, el fraude que se ha consumado a resultas de la recolección de firmas para registrar candidatos independientes, es decir, en tanto el Instituto Nacional Electoral determinó que había existido fraude el máximo órgano jurisdiccional le enmendó la plaza en los casos más elocuentes, como el de Margarita Zavala, Rodríguez y Ríos Piter, para la Presidencia de la República, infamia digna del mejor elogio.

Lo asombroso está en que de un tajo, sin mayor análisis, a quien más se había ubicado como el defraudador electora más connotado, que es el caso del gobernador con licencia, Rodríguez, sin esperar que la fiscalía electoral determinara si existía o no responsabilidad ordena que se le incluya en la boleta, esto es, que en la impunidad más espantosa por ser definitiva la resolución, nada podrá impedir su participación al convalidar, "haiga sido como haiga sido", a quien, bajo sospecha, aparece en la elección.

Y si lo anterior fuera poco o se quedara corto, los togados electorales que fueron propuestos por el partido hoy gobernante para ocupar esos cargos –que ya habían protestado los cargos por tres años–, y en un abrir y cerrar de ojos, los senadores autorizaron que se les aumentara el periodo, esto es aberrante, que sólo se da en un país de irresponsabilidad extrema.

En el orden de análisis, los mismos togados electorales, por quítame estas pajas, determinaron en base a su supina experiencia que dos servidores de la Procuraduría General de la República, de menor rango, son responsables de utilizar las instituciones a su cargo para afectar la candidatura del Ricardo Anaya, al filtrar el video sobre un supuesto acto de lavado de dinero del candidato panista, lo que raya en su ignorancia extrema, pues cualquier mortal sabe que en este país nada se muere si no lo ordena el Presidente de la República, pero para simular ante la barbaridad cometida con el fraude de las firmas, para llamar la atención buscan a chivos expiatorios.

En síntesis, se puede afirmar, sin hipérbole, que con este tipo y capacidad analítica y reflexiva de juzgadores, el país seguirá siendo condenado por los desmanes que se cometen y que cada día se acumulan, pues ahí están casos de miles de desaparecidos y la incapacidad estatal para brindar seguridad jurídica que provocara, a no tardar, que a la brigada de inmigrantes del centro y Sudamérica, se suman los mexicanos.

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