Política

Anomalías en el gobierno estatal serían investigadas por la CGE

abril 06, 2018

Ante cualquier irregularidad, anomalía o caso de corrupción que pudiera generarse en la administración estatal, ahora todo será revisado, investigado, substanciado y resuelto por la Contraloría General del Estado (CGE), sin hacer partícipe a otras instancias, salvo que sea necesario.

Esto se desprende del nuevo Reglamento Interior para la Contraloría General del Estado, donde se crearon áreas investigadora, substanciadora y resolutora, para que cualquier irregularidad detectada en el actual gobierno sea atendida dentro de esta esfera.

A diferencia de como venía actuando la Contraloría, ahora se faculta a esta instancia para verificar que efectivamente las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos sean ciertas, y no sólo simulaciones.

Para ello, se creó la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública, practique la verificación de las declaraciones patrimoniales presentadas por los servidores públicos, para investigar el probable conflicto de intereses, en el ámbito de sus atribuciones.

Podrá realizar las investigaciones necesarias relativas a las empresas, proveedores, contratistas y prestadores de servicios que incurran en irregularidades derivadas de los contratos que celebren con las dependencias y entidades paraestatales del poder Ejecutivo estatal.

También practicar las investigaciones referentes a las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, para el cumplimiento de sus atribuciones y objeto.

Ante alguna irregularidad o probable caso de corrupción en el gobierno estatal, las áreas substanciadoras y resolutora de la Contraloría podrá iniciar, substanciar y resolver los procedimientos administrativos, de acuerdo con la normatividad aplicable, además admitir, en su caso, los informes de presunta responsabilidad administrativa provenientes de las autoridades investigadoras.

Recibir, tramitar y resolver los recursos de reclamación y revocación y demás recursos administrativos que le corresponda conocer, de acuerdo con las disposiciones aplicables, así como decretar las medidas cautelares y hacer uso de los medios de apremio, en términos de lo que dispone la normatividad aplicable.

Otras de las facultades brindadas será solicitar información a los entes públicos estatales, incluyendo la relacionada con la materia fiscal, bursátil, fiduciario o la relacionada con operaciones de depósito, ahorro, administración o inversión de recursos monetarios, en términos de la normatividad aplicable; así como solicitar a cualquier persona física o jurídica colectiva, información o documentación. Lo anterior, con el objeto de esclarecer los hechos relacionados con la comisión de presuntas faltas administrativas.