Política

Condena oficina de la ONU-DH fallido traslado en penal que acabó en violencia

abril 04, 2018

Las agencias de las Naciones Unidas firmantes recuerdan que como parte de la obligación de garantizar los derechos humanos en lugares de privación de la libertad, los traslados deben ser planeados y ejecutados con miras a proteger tanto las garantías de las personas privadas de libertad como la vida e integridad de las autoridades que en ellos participan, por lo que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México (UNODC) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenan los hechos ocurridos en el penal de La Toma.

En un comunicado la UNODC y ONU-DH condenan los violentos hechos ocurridos la noche del 31 de marzo al 1 de abril en el Centro de Reinserción Social de La Toma, ubicado en el municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, ocho personas habrían fallecido en los hechos, entre ellas dos policías estatales, dos policías municipales, un custodio, un policía del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz y dos internos. Otras 60 personas tendrían lesiones de distinta consideración.

Informaciones preliminares apuntan que los funcionarios que fallecieron en los hechos eran parte del grupo que participaría en el traslado de varios reos a otras prisiones. En este sentido, es imperativo que las autoridades desarrollen a la mayor brevedad posible una investigación exhaustiva, independiente e imparcial que permita el juzgamiento y sanción de los responsables de estos hechos.

Recuerdan que como parte de la obligación de garantizar los derechos humanos en lugares de privación de la libertad, los traslados deben ser planeados y ejecutados con miras a proteger tanto los derechos de las personas privadas de libertad como la vida e integridad de las autoridades que en ellos participan.

También llaman a las autoridades estatales a adoptar las medidas necesarias para garantizar la no repetición de hechos trágicos como los ocurridos. Las agencias reiteran su compromiso de brindar cooperación y asistencia técnica a las autoridades mexicanas con el fin de fortalecer las capacidades institucionales del sistema penitenciario en el país.

Por otra parte, de acuerdo a los informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer en sus informes 2015 y 2016 que los Centros de Reinserción Social (Ceresos) de Acayucan, Amatlán, Coatzacoalcos, "Morelos" en Cosamaloapan, Misantla, Papantla, "Zona Norte" en Poza Rica de Hidalgo, "Zamora"en San Andrés Tuxtla, Tuxpan, Xalapa "Pacho Viejo" y Zongolica, todos dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, viven autogobierno y en malas condiciones de infraestructura.

Por esa razón emitió recomendaciones y la CNDH dio un plazo de seis meses al gobierno al gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares para realizar cambios en materia de personal de seguridad, vigilancia y custodia que se requieran para garantizar la tranquilidad, la disciplina el orden y la gobernabilidad de los Ceresos, para evitar cobros indebidos a los reclusos y otorgar espacios dignos. Plazo que estaría en unos días por vencerse.