Política

Venales

marzo 21, 2018

Se dice con frecuencia que México es un país corrupto. Hay diversas razones por lo que tal sentencia parecería cierta; pero es imprecisa. En México hay corrupción y es extensa, pero esto es debido más a la venalidad de los tomadores de decisiones y de la alta burocracia que a los reflejos básicos de los gobernados. En el nivel de los gobernados en general, la corrupción es más un método para obviar ineficiencias administrativas que una conducta general aceptada. Por el contrario, se censura y condena.

Pero la corrupción sí penetra, como sistema, en los intercambios sociales con autoridades de todo tipo. Naturalmente, es más frecuente y extendida entre aquellas autoridades que tienen un contacto intenso con la sociedad. Agentes de tránsito, por ejemplo.

En buena medida, la corrupción florece cuando la administración es ineficiente y errática, se apela a ella para propiciar eficiencia y precisión.

Hay otro nivel de corrupción mucho más dañino y mucho menos expuesto a la mirada pública. La corrupción de aquellos que están en posiciones de gobierno a nivel de toma de decisiones. Hace casi cuatro décadas que el país es gobernado por una clase de trepadores social-políticos particularmente codiciosos, que han dedicado parte importante de su tránsito por gobiernos y administraciones públicas a desviar recursos públicos tanto para beneficio personal como para financiar campañas y compra de voluntades políticas.

Sucede que en Veracruz –estado de violencia exacerbada, desapariciones y rebosante de víctimas– ha desaparecido el dinero que debía darse a familiares de víctimas de esta situación. Desde desapariciones forzadas, malas prácticas médicas y víctimas de acoso hostigadas por denunciar. Hay una ley, hay un mandato, pero no hay presupuesto asignado ni una red gubernamental en contacto con la sociedad civil con fines de apoyo y acompañamiento. Letra muerta.

Algo similar a lo que sucede con los damnificados de los sismos de septiembre. Ha habido quienes mueren sin ver llegar la ayuda para sus familias.

Habrá variedad de razones que las autoridades puedan aducir para justificar por qué la ayuda no llega a las víctimas, pero hay razones suficientes para pensar que si el dinero no llega a los afectados por desastres o la violencia, es porque pasa a formar parte de patrimonio particular de funcionarios o a financiar campañas políticas.

La actual administración federal ha sido varias veces exhibida en sus compulsiones por apropiarse del dinero público o beneficiarse de su uso favoreciendo a su primer círculo. La administración veracruzana anterior es un poco envidiable referente nacional en tiempos donde la competencia por los desvíos es intensa y abundante.