Política

Pleito matrimonial

marzo 04, 2018

En el año 2006, los gobernadores del PRI, con la eficaz coordinación operativa de Elba Esther Gordillo, maniobraron el día de la elección presidencial para favorecer a Felipe Calderón. Esto implicó, como es norma en México, la movilización de la estructura gubernamental y el desvío de recursos públicos a manos llenas. Calderón obtuvo su fraudulento margen de .56 por ciento, la Maestra cogobernó y delincuentes como Eugenio Hernández o Fidel Herrera gozaron de jauja política y económica. En el 2012, la misma lógica su impuso, pero en sentido inverso. Calderón abandonó rápidamente a la candidata presidencial de su partido para apoyar a Peña Nieto, quien también había contribuido con operación electoral y voto corporativo en el 2006. Relevos gerenciales. Intereses compartidos.

El PRI y el PAN se entienden muy bien. La gesta liberal de empoderamiento ciudadano frente al ente colectivo, la batalla germinal de Gómez Morín y otros demócratas en contra del corporativismo autoritario y su andamiaje institucional revolucionario, llegó a un triste final con la muerte física y política de Manuel Clouthier. Ahí también murió el PAN en su clave ideológica. Ética y políticamente el PAN ya no sería nunca más ese partido pequeño pero digno, de mujeres y hombre libres que sin sueldos ni recursos hacían campañas electorales a sabiendas de su inutilidad práctica pero conscientes también de la victoria moral que eso entrañaba.

El fraude de 1988 fue un final, pero también marcó el inicio de algo más; la cohabitación de dos partidos políticos, construyendo beneficios mutuos a partir de acuerdos cupulares, al margen de la ley y las instituciones legalmente constituidas, empezaba a erigir cimientos fuertes. Carlos Salinas fue su nodo articulador, Diego Fernández de Cevallos su fiel e incontestable alfil. Al margen ya de disensos doctrinales, el PAN y el PRI encontraron en el Consenso de Washington –en las políticas de liberalización económica–, la narrativa ideal para justificar su amasiato político-legislativo. Juntos, en mancuerna, bajo el pretexto de eficientar al Estado, lo adelgazaron hasta los huesos. Todo exceso era válido con tal de marginar a la tan temida y repudiada izquierda. Cediendo rentas monopólicas a actores específicos, generando riquezas obscenas a partir de la concentración de los activos productivos en manos de sus aliados, sentaron las bases de una relación de poder que aún se mantiene vigente. Ellos, el PRI y el PAN, con el acompañamiento y mecenazgo de otros actores sociales empoderados, han incidido en el diseño institucional del país para beneficiar los intereses y valores de un grupo muy selecto.

Sin embargo, como en todo matrimonio, hay momentos tensos donde la empatía y el entendimiento languidecen. Casados bajo el régimen de sociedad conyugal, donde todos los bienes son compartidos, las elecciones no son de ninguna manera un aniversario de bodas. Aunque está muy bien repartir las labores del hogar, mejor aún resulta ser el jefe de la casa. Normalmente estos exabruptos no pasan de ser penosas discusiones públicas, donde la familia política queda a la expectativa, fungiendo luego como celestinos para que la relación de fuerzas matrimonial recobre su armonía natural, siempre en función de la costumbre y no tanto del amor. Pasado el trago amargo, viene la reconciliación; el retrato familiar cada primer domingo de julio.

Hoy, al parecer, el matrimonio no logra llegar a un acuerdo. Ricardo Anaya y José Meade llevan meses disputando entre ellos el derecho a encabezar la opción anti cambio, la titularidad de la reacción y defensa del estado actual de las cosas. Su pleito, en este momento, no es contra el puntero en las encuestas, sino entre ellos dos para ver quién gana el favor y reconocimiento del conjunto de la familia. Logrando esto, calculan, podrán ya enfilar juntos baterías contra Andrés Manuel López Obrador. Pero el tiempo pasa y la componenda simplemente no se está dando. Primero fue la acusación desde Chihuahua, donde el PAN, a través de Javier Corral, daba un manotazo en la mesa, acusando a la Secretaría de Hacienda. Ahora, el grupo Atlacomulco responde con la PGR y el SAT, señalando a Anaya con acusaciones de lavado de dinero.

Nada nuevo es que el PRI y el PAN utilicen las instituciones del Estado a su capricho, fieles al espíritu de facción y en defensa de sus intereses. Curioso es que ahora amenacen con usarlas entre ellos. Los divorcios siempre son difíciles, más aún cuando se dirimen en tribunales, a la vista de todos y con desenlace incierto. Mientras los cónyuges siguen entrampados en pleitos nupciales, el cambio de régimen se aproxima inexorablemente y no tanto por la agenda programática de Andrés Manuel López Obrador, sino precisamente por la notoria incapacidad que demuestran el PRI y el PAN para seguirle dando vigencia a su rancio matrimonio.