Política

Positivismo energético del gobierno

febrero 28, 2018

En medio de los afanes privatizadores de muchos municipios del servicio de agua potable y alcantarillado, la concesión a particulares de la recolección y tratamiento de basura y la introducción de gas natural en medio de centros de población para surtir del servicio a trasnacionales, por cuenta de la visión positivista del necesario progreso, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares expresó en la semana anterior su rechazo a la construcción de más presas en la entidad, declaración coyuntural ante la proximidad de las elecciones gubernamentales y que buscaría despertar simpatía en un amplio sector de los grupos ambientalistas.

Sin embargo, en su particular estilo de decir una cosa y hacer otra, en el número extraordinario de la Gaceta del lunes anterior, el mandatario publicó una modificación al decreto con el que creó la Agencia Estatal de Energía con el propósito de hacer exactamente lo contrario a su declaración del mismo día, pues con esta alteración del decreto abrió las puertas para que la iniciativa privada pueda venir a cualquier parte del territorio veracruzano a desarrollar proyectos en materia de hidrocarburos o energía eléctrica, como pudieran ser gasoductos o hidroeléctricas, para las cuales incluso conseguiría los permisos y daría recursos públicos.

La amplitud de la iniciativa gubernamental es de tal magnitud que haciendo uso de su atribución, dicha agencia se convertirá en una impulsora y promotora de inversión que medie, a su vez, con las instancias gubernamentales, desde el nivel municipal para facilitar los proyectos en materia energética, que dicho sea de paso, ven en el estado de Veracruz uno de los reductos más importantes a nivel nacional por sus recursos acuíferos y de hidrocarburos.

En otra de las consideraciones, Yunes Linares le da la potestad a la agencia para la búsqueda, ubicación, negociación y asignación de terrenos idóneos para la localización de nuevos proyectos energéticos o para la relocalización, ampliación o transformación de infraestructura previamente habilitada para la realización de actividades relacionadas con este sector, lo que –dicho en otras palabras– abriría la posibilidad para que de acuerdo con las necesidades y a la dimensión de los probables proyectos, comunidades enteras sean susceptibles a traslados. Y ni hablar de la eventual modificación ambiental.

Naturalmente que los aspectos oscuros de dicha iniciativa pasan por la agresión a las comunidades que pudieran representar un obstáculo para los fines economicistas de un gobierno del cual no se duda haga uso de la fuerza del Estado para servir a los potenciales intereses de capitalistas para quienes las poblaciones originarias –que generalmente son las más afectadas por esta clase de iniciativas empresariales– representan un obstáculo. De ahí a la represión selectiva de una gestión gubernamental puesta al servicio de los intereses monetarias hay un sólo paso.