Política

AI: 2017, el más violento; Seguridad Interior es cerrazón de EPN al diálogo

enero 02, 2018

Orizaba, Ver.- 2017 terminó como el año más violento de la última década en México, el elevado número de muertos reafirma el fracaso de la estrategia militar en su intento de pacificación del país. La elección de este año además pone a prueba la voluntad de los candidatos presidenciales para motivar el veto a la Ley de Seguridad Interior, que según Amnistía Internacional (AI) exhibe que en México el debate, la democracia y el respeto a los derechos humanos, "no existe".

El Capítulo México de este organismo internacional hace un análisis no únicamente de las consecuencias que pudiera traer esta ley, sino además del trasfondo político que habría existido. En un comunicado, la agrupación lamenta que el presidente Enrique Peña haya decidido promulgar la Ley de Seguridad Interior, a pesar de las múltiples evidencias en su contra y negándose a escuchar a organismos internacionales de derechos humanos que han advertido de las graves consecuencias de la presencia de las fuerzas armadas en las calles".

Al igual que un sinnúmero de organizaciones sociales, Amnistía Internacional califica a esta ley de "un grave retroceso para los derechos humanos en el país". Incluso anticipa una serie de consecuencias, "que cambiará el término de relación entre el Estado y la ciudadanía: se ha puesto en evidencia que el ejercicio democrático de debate y escucha de las voces ciudadanas y expertas no existe".

El presidente, Enrique Peña Nieto, explica, "ha perdido la oportunidad de mostrar su respeto por los derechos humanos de millones de mexicanas y mexicanos, emitiendo una ley que los pone en grave peligro. La única forma de detener la Ley de Seguridad Interior es que se vete, pero para que esto suceda, necesitamos hacer más presión. Podemos lograrlo llamando a los precandidatos/as a la presidencia de 2018 a que tomen acción".

El organismo confirma que su secretario general Salil Shetty, ya envió una carta abierta a Enrique Peña Nieto, "llamándole a vetar la Ley de Seguridad Interior, sobre todo –puntualiza– que bajo la vaga e indeterminada frase ‘seguridad interior’, la ley no hace más que esconder un esfuerzo concertado y peligroso de mantener a las fuerzas armadas en labores que deben corresponder a las policías.

"Amnistía Internacional se encuentra enormemente preocupada que la implementación de esta ley, sin duda alguna, no hará más que aumentar la larga lista de violaciones graves a los derechos humanos en México, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas".

En el país, existe una serie de evidencias que demuestran el fracaso de la estrategia militar para brindar seguridad al país, incluso revela que hace cuatro años, al cierre del primer año de gobierno, "se alertó sobre la estrategia militarizada que ansiaba Peña Nieto por continuar. El número de militares desplegados en tareas de seguridad pública ha aumentado de manera significativa durante el actual periodo presidencial. Este aumento no ha contribuido a una disminución del delito en el país. El año 2017 termina como el más violento del sexenio y vislumbra registrar la tasa de homicidio más alta en por lo menos una década".

Pero la responsabilidad no sólo es cargada por el presidente Peña Nieto, pues según AI, los diputados federales y senadores del país han desplazado a los mismos mexicanos, "los y las ciudadanos mexicanos han sido ignorados por un Congreso que, de manera intencional, ha hecho caso omiso del clamor público alrededor de esta ley. Si el presidente decide firmar esta legislación, estaría poniendo en riesgo los derechos humanos de millones de personas".

No obstante, el proceso electoral de este año es una pequeña puerta para echar atrás la Ley de Seguridad Interior, por eso precisa que "se insta a los candidatos y las candidatas para la elección presidencial de 2018 que pidan al presidente Enrique Peña Nieto el veto de la ley".