Política

ECP*

diciembre 28, 2017

◗ Periodismo y la preparación del fraude

Hacia el final de este sexenio, abundante en impunidades y corrupción, el gobierno de Peña Nieto vuelve a ser expuesto por un escándalo. Esta vez por el reportaje de Azam Amed en el New York Times que revela el patológico gasto del gobierno federal en publicidad y pago a medios de comunicación "afines"; punto menos que 2 mil millones de dólares. Más que una descripción detallada de las cosas –que lo es– es la definición empírica de las distorsiones del sistema mexicano y su modo de operar.

En poco más de un año, una serie de investigaciones periodísticas han puesto al descubierto la forma en la que los gobiernos priístas de todo nivel se valen –desde hace décadas– del desvío exagerado de recursos públicos para invertirlos en la construcción artificial de imagen pública. Si nos atenemos al autoritarismo como característica sustantiva del sistema y la naturaleza de estas revelaciones habrá que pensar que la comunicación social gubernamental, no tiene tanto la intención de informar al público, como la de construir una imagen de gobierno aceptable, capaz de encubrir sus limitaciones y desvíos. Convencer de su aceptación o por lo menos desalentar la resistencia. Lo que sugiere que que el sistema mexicano es algo bastante parecido a lo descrito por George Orwell en su novela 1984.

La revista electrónica Animal Político destapó hace semanas los modos y procederes del ex gobernador Javier Duarte y su modelo para desviar recursos por la vía de empresas simuladas. Después, la misma revista junto con la ONG Mexicanos Contra la Corrupción publicó la investigación "La Estafa Maestra" Donde se documenta la triangulación entre secretarías gubernamentales y universidades públicas que hacen uso de empresas fantasma.

El NYT y el periódico Reforma investigaron el caso Chihuahua y la forma de que el ex gobernador César Duarte, en acuerdo con la dirigencia del PRI nacional, desviaron cifras millonarias de recursos públicos para financiar campañas políticas en diversos estados de la República, destacadamente el de México. No para allí, el mismo esquema de Chihuahua fue utilizado por otros dos ex gobernadores de corrupción pantagruélica, Javier Duarte y Roberto Borge. Uno en una prisión de castigo dudoso, el otro en fuga de unas autoridades que parecen no querer detenerlo.

Las revelaciones tocan en el eje del sistema es involucran a dos de sus muy notables: Manlio Fabio Beltrones y Luis Videgaray. El PRI nacional, a sabiendas de la SHCP, desvía recursos para el financiamiento de las campañas de 2016 a través de los gobernadores de Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas. Justo cuando Beltrones era presidente del PRI y Videgaray secretario de Hacienda.

Si el castigo de tales comportamientos era como de costumbre improbable, ahora es una completa fantasía porque el gobierno federal ha desestructurado las instituciones de procuración de justicia. En octubre del año pasado el procurador Raul Cervantes renunció misteriosamente al cargo cuando la sociedad se oponía decididamente a que fuera nombrado Fiscal para los próximos 10 años. Es la fecha en que el presidente Peña Nieto no ha nombrado sustituto. Tampoco lo ha hecho con el fiscal especial para delitos electorales al que fulminó el encargado del despacho de la PGR también en octubre pasado. Poco después de que renunciara Cervantes. Al Senado de la República lo ignoraron atrabiliarios.

Lo mismo sucede con la sustitución de varios magistrados de la SCJN. Sin fiscales ni magistrados no hay ley que pueda ser aplicada. La PGR está en manos de un encargado justo en el arranque de un proceso electoral de grandes proporciones en lo que hay mucho en juego, no solamente cientos de cargos de elección popular, varias gubernaturas y la presidencia de la República, sino la posibilidad misma de salir de la trampa de un sistema de corrupción perversa.

Este escenario adverso empeora con la promulgación de Ley de Seguridad Interior, que regulariza la presencia del soldador y marina armada en las calles con fines de seguridad pública. Lo que significa llanamente hacer permanente y legal la militarización del país a contrapelo de la ONU, la OEA y una miríada de organismos defensores de derechos humanos incluyendo la de estos organismos multilaterales.

Dicho de otro modo, en la defensa de los intereses corruptos del sistema no hay autoridad internacional ni organismos no gubernamentales que valgan. Cosa que queda clarísima con el sentido de la votación en Cámara de Diputados y Senado de la Ley de Seguridad Interior.

Lo que el sistema de complicidades prepara, son las condiciones en las que pueda vencer y alterar la probable expresión de rechazo mayoritario en las elecciones federales del próximo año. Ante una elección de sufragio masivo como parece que será, no hay fraude que sirva. Se precisará de la fuerza a la que se convocaría con el menor pretexto. Fuera real o fabricado.

El sistema teme y se prepara para ello. Lo peor, una votación masiva e contra, es ahora posible y toman las precauciones necesarias. Incluyendo el uso de la fuerza.

Es compulsivo que se investiguen los desvíos del PRI, por los que que ya hay un notable encarcelado, el ex operador financiero del PRI nacional mancuerna de Beltrones, Alejando Gutiérrez Gutiérrez, pero no hay forma de hacerlo por la falta de fiscales, general y especial para delitos electorales. La coartada perfecta diría algún clásico de la novela negra.

El sistema se prepara para el fraude en condiciones extraordinarias. Prepara también el eventual uso de para imponerlo. Además de las ventajas derivadas de la disuasión implícitas en la pa presencia de militares en las calles

No es difícil en las condiciones de polarización que existen, un disturbio reactivo ante la evidencia de trampas. Tampoco es difícil que sea eso el pretexto para la intervención del ejército. Sea el disturbio real o escenificado, para el caso es lo mismo

*Es Cosa Pública