Política

Violencia y gobernabilidad

diciembre 08, 2017

Si desde la definición de gobernabilidad como la capacidad de los gobiernos para tomar decisiones que atiendan las demandas efectivas de la sociedad y de paso generar condiciones viables para la alternancia en el poder mediante formas democráticas, lo que sucede con el gobierno de Veracruz es exactamente lo contrario en el caso específico de garantizar a la ciudadanía certidumbre y tranquilidad social; y de no hallarse alguna clase de solución en el plazo inmediato, dicho escenario podría poner en riesgo la celebración del proceso político del año próximo.

Mientras que por el lado de la economía hay cierta normalización de parte de las obligaciones gubernamentales para con su burocracia, el pago de pensiones y prestación de algunos servicios, en efecto, se percibe cierto avance con respecto al último tercio del gobierno duartista –aunque bastaba nada más con que los funcionarios de la pasada gestión dejaran de robar y aplicaran el presupuesto para lo que se hubiera destinado– por otro lado, la incertidumbre en el futuro permea por todos los rincones de la entidad.

En el caso específico de la violencia incontenible en forma de asesinatos, feminicidios, robos y delitos de toda clase que a diario se cometen con total impunidad, la administración gubernamental da la sensación de hallarse pasmada e incompetente y en un estado de catatonia con resultados negativos para el ánimo social dadas las alarmantes cifras que a diario se recogen en los medios de información.

No hace falta ahondar demasiado en el análisis del impacto de tales escenarios en la ciudadanía sobre todo por la demostración de la capacidad de los distintos agentes generadores de violencia para cuantificar su elevada incidencia en los niveles de gobernabilidad, puesto que la violencia genera una enorme incertidumbre acerca del futuro, frena las posibilidades de atraer inversión exterior; por el lado local, la iniciativa privada pierde motivación todo ello con un costo muy alto para la sociedad.

Para los grupos gobernantes, el daño puede resultar sumamente costoso en términos de credibilidad y confianza en el sentido de la manifiesta inefectividad de los órganos encargados de la prevención y combate a la delincuencia. Si bien es cierto se trata de un problema nacional, la responsabilidad de los gobiernos locales, comenzando por el estatal, es absoluta y demanda acciones con resultados específicos más que con catálogos de buenas intenciones o anuncios de compra de equipo de última tecnología.

Acaso fueron demasiadas las expectativas de una parte del electorado puestas en la supuesta capacidad del gobierno de Miguel Ángel Yunes para resolver la inseguridad que se enseñorea por todo el estado. Ya pasó un año desde su llegada al poder y la capacidad de los agentes generadores de violencia se encuentra intacta con efectos como el crecimiento de la eventual presencia de grupos armados ilegales asociados al narcotráfico; la ausencia del Estado en muchas regiones y, de la mano, el desplazamiento poblacional víctima de la violencia, además de la corrupción, generan condiciones que afectan los procesos de desarrollo local.

Si el gobierno de la entidad se ha visto incapaz de ofrecer seguridad a la ciudadanía, ¿quién garantizará que el año próximo el relevo gubernamental no sea empañado por otra clase de violencia, la política, enmascarada bajo la de los grupos criminales? ¿ A quién beneficiaría?