Política

Ley de seguridad interior, amnistía a narcotraficantes y otras sandeces

diciembre 06, 2017

Hace una semana, estimado lector, le compartí que el destape de José Antonio Meade como candidato presidencial por el PRI fue la mejor jugada del partido tricolor para intentar competir dignamente en 2018 y darle continuidad a su proyecto de nación. Proyecto que han buscado consolidar a través de reformas constitucionales que, principalmente, buscan modernizar el país, estabilizar la macroeconomía y reducir el déficit público. De ahí, con finanzas públicas sanas y un escenario atractivo para la inversión extranjera, se tendrían los elementos para atender de raíz la pobreza, el hambre y el rezago social. Aún no hay resultados positivos en estos rubros, pero la promesa persiste. No obstante, existe también otro pendiente que ha rebasado no solo el quehacer de la actual administración, sino el de los dos sexenios anteriores: la inseguridad.

Este tema volvió a posicionarse en primer lugar de la agenda cuando el pasado jueves, la Cámara de diputados aprobó y envió al Senado para su análisis, el proyecto de decreto de la Ley de Seguridad Interior (chéquelo aquí: http://bit.ly/2jhk0hX). El hecho por sí solo representa un fracaso doble, ya que no solo remitieron una ley ambigua y contradictoria; a su vez enviaron un cable legal que formalizaría una política desastrosa, cuyos resultados, en poco más de 10 años, se traducen en cientos de miles de muertos, pánico civil e innumerables violaciones a derechos humanos.

Lo invito a consultar el borrador de esta ley. A reserva de que usted haga una mejor lectura, le adelanto que tiene por objeto (supuestamente) regular la intervención de la Federación, incluyendo las fuerzas armadas, cuando deban atender posibles riesgos a la seguridad interior, coadyuvando esfuerzos con las instituciones de los distintos órdenes de gobierno. Estos riesgos serán determinados por el Ejecutivo federal por medio de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, en la que deberá justificarse la razón de la medida, el protocolo de actuación, la zona geográfica que se atenderá y datos estadísticos relativos al operativo.

Sí. La presencia en las calles del Ejército y la Marina contaría ya con un fundamento legal. Otra cosa que le adelanto, es que no gaste su tiempo tratando de encontrar una disposición clara que nos diga cuánto tiempo podrá durar la intervención de las fuerzas armadas en determinado territorio. En efecto, el artículo 15 de la ley dice que ésta no podrá exceder de un año; sin embargo, adivine qué: el presidente tiene la facultad de prorrogar ese periodo por cuanto le parezca conveniente. Él decide dónde y por cuánto, pero el cómo deberán hacerlo no es fijado. Lo que debiera ser lo medular no se encuentra ni por asomo entre conceptos oscuros y confusos.

Sin embargo, esto no es exactamente lo que ha encendido los focos de alerta de la comunidad académica, organizaciones defensoras de derechos humanos e incluso organismos internacionales como la OEA y la ONU. Lo que en realidad provoca tanto ruido son los artículos, especialmente el 6, que otorgan un marco amplio y desmedido de actuación para las fuerzas armadas, al permitirles que, aún sin una declaratoria podrán llevar a cabo políticas, programas y acciones que atiendan lo previsto en la Agenda Nacional de Riesgos. En otras palabras, se les dio luz verde para que continúen actuando sin procedimiento, con brutalidad, descontrol y violencia, pero ahora con el respaldo de una disposición jurídica proclive a ser interpretada a conveniencia.

La historia reciente, no solo en México, sino en Latinoamérica, nos ha enseñado que nada bueno deriva de que, en un Estado democrático el ejército ande rondando libremente por las calles. Ya quedó demostrado que su presencia no resuelve el tema de la inseguridad. Es más, la ha intensificado. En uno de los tantos documentos que sustentan este dicho, la consultora especializada en temas de seguridad Lantia comparte que, en lo que va del sexenio, se registran 55 mil 691 homicidios. Un promedio de 31 por día. El hecho de que las fuerzas armadas hayan salido de sus cuarteles tampoco ha reducido el índice de delitos. Es más, las denuncias en su contra sobre tortura, desapariciones y ejecuciones aumentaron en 500 por ciento. En la última década, se registran más de 11 mil quejas por delitos cometidos por castrenses contra civiles. Sólo 3 por ciento de estos casos ha merecido una condena. Y créame, podríamos llenar tomos enteros con estos datos, pero la realidad se discute ahora mismo en el Senado.

Aprobar esta ley, indudablemente redactada desde la Sedena y bajo la dirección del secretario Salvador Cienfuegos, sería pintarle una rayota más al tigre. La militarización de la seguridad pública, sin duda alguna, sería uno de los peores desaciertos de esta administración y que tendríamos como nación. ¿Por qué? Pues porque el problema no radica en si tenemos a los militares en las avenidas. Ello es una pobre y peligrosa respuesta al verdadero problema: el narcotráfico. Me parece increíble que sigamos discutiendo lo secundario cuando lo principal yace en nuestra lectura confundida y añeja sobre el mundo de las drogas. Mientras no aceptemos que la política prohibicionista de este país, alejada en su totalidad de las funcionales prácticas globales de despenalización y de prevención de las drogas, es lo que nos ha hundido en este incierto y sangriento panorama, no podremos generar un ambiente adecuado para el desarrollo.

Lo más desalentador es que los candidatos presidenciales ya definidos parecen ajenos a esto. Por un lado, tenemos a un José Antonio Meade incapaz de pronunciar un discurso claro y propositivo para atender los temas de violencia, corrupción e inseguridad. Creo que, como a muchos, nos cuesta trabajo descifrar qué es lo que hará. Si va a continuar por el mal camino de Peña o de plano cambiará los ejes de acción respecto de estos tópicos aún no lo sabemos. Al menos en este sentido, ya generó dudas.

Por otro lado, tenemos al zar de la ocurrencia, Andrés Manuel López Obrador. Sus declaraciones de fin de semana sobre la posibilidad de otorgarle amnistía a la delincuencia organizada superan su más grande bobería dicha o hecha hasta el momento. No, señor, la posibilidad de pactar con estos delincuentes que encuentran en el miedo, el homicidio, la violación, el secuestro y las balaceras, una forma de generar dinero, no existe y nunca existió. Es cuestión de poseer una hebra de sentido común para saber que ésta no es la solución. ¿Y qué con las víctimas de la guerra contra el narcotráfico, los padres que no saben dónde están sus hijos y los otros miles que han sido desplazados de su hogar? Ahí se lo encargo, señor Obrador, la impunidad no resuelve nada.

Finalmente, si el Senado aprueba la LSI, obviando la evidencia empírica y los argumentos de buena parte de la sociedad civil y de la comunidad internacional, aún tenemos a la Suprema Corte de Justicia para combatir esta barbaridad que, a todas luces, es inconstitucional, pues el Congreso no está habilitado para expedir leyes en materia de seguridad interior. Lo que sí nos corresponde a todos es exigir que todos los debates que se celebren en un futuro entre los candidatos que aspiran a ser presidente, obligadamente discutan sobre inseguridad. No con silencio ni demagogia; con comentarios puntuales y propuestas concretas. Deben hacerlo, porque lo hecho hasta hoy, claramente no está funcionando.