Política

Rechaza ONG Ley de Seguridad; agravará violencia y es violatoria

diciembre 05, 2017

Orizaba, Ver.- La Ley de Seguridad Interior no augura nada bueno para el país, por el contrario, organizaciones no gubernamentales advierten del recrudecimiento de la violencia e incluso de un despunte de las desapariciones forzadas en todo el territorio nacional, considera Aracely Salcedo representante del colectivo "Familiares de Desaparecidos Córdoba- Orizaba" y anticipa que la opacidad es otra de las características de esta ley aprobada por los diputados federales.

Las familias de personas desaparecidas, señala, "estamos preocupadas por la aprobación de la Ley de Seguridad Interior en la Cámara de Diputados, ya que continuará con la militarización del país agravando aún más la violencia que se vive día a día. Esta ley es un grave retroceso en materia de derechos humanos y generará más violencia y mayor número de personas desaparecidas".

Su rechazo lo sustentan con diversos argumentos entre los que destaca la opacidad de la misma ley, "tiene un nulo acceso a la verdad y a la justicia como hemos visto desde la llamada guerra sucia, nosotros como colectivo de familias de desaparecidos, hacemos un llamado a la Cámara de Senadores para que no aprueben esta ley inconstitucional y que es contraria a las recomendaciones de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y CIDH (Comisión Interamericana de los Derechos Humanos).

Para las familias de personas desaparecidas, la ley de Seguridad Interior "es de suma preocupación y es un grave retroceso en materia de derechos humanos, porque ha sido comprobado que desde que se desarrolló la política de seguridad de Felipe Calderón, enmarcada en la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’, se desató aún más violencia en el país, así como graves violaciones a los derechos humanos como; tortura, ejecuciones y desapariciones forzadas en contra de la población civil, siendo nuestras familias víctimas de esta estrategia de confrontación contra el crimen organizado".

El 30 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior, "la cual por su opacidad facilitará la violación de los derechos humanos de la población. A diferencia de la Ley de Desaparición, la Ley de Seguridad Interior fue aprobada de manera rápida y expedita, con presupuesto necesario y suficiente, en donde el Ejecutivo y el Legislativo únicamente asignaron el 10% del presupuesto que se requería para operar y donde fue asignada a la Secretaría de la Defensa Nacional la cantidad de 81 mil millones de pesos", señala. Quienes integramos el colectivo "#SeguridadSinGuerra" hemos manifestado constantemente que la Ley de Seguridad Interior "no es la solución para erradicar la violencia, se requiere profesionalizar a las policías y fortalecer el sistema de justicia. La militarización del país significa que el Estado ha fallado, que no tiene la capacidad de proteger a la población, que existe un grave problema interno que no está en posibilidades de solucionar si no es mediante el uso excesivo de la fuerza".

Por eso, las familias de víctimas de desaparición forzada, "no podemos permitir que esta Ley de Seguridad Interior continúe y hacemos un llamado urgente la Cámara de Senadores para que no apruebe esta ley inconstitucional y que es contraria a las recomendaciones de la ONU y CIDH de retirar a las Fuerzas armadas en tareas de seguridad. También hacemos un llamado a la sociedad para que se manifiesten en contra ella, que luche por su derecho a la seguridad, integridad y libertad. No queremos que sientan en carne viva la tragedia de la desaparición de un ser querido, ni la pérdida de la paz en las calles".

Senado debe dejar claro que Ley de Seguridad Interior no busca militarizar México

Diputados locales del PAN y PRI reconocieron la necesidad de acortar claramente cuál será la función de militares y marinos al momento de apoyar a los estados, para reforzar la seguridad interior.

En entrevista por separado los legisladores Tito Delfín Cano y Carlos Morales Guevara, coincidieron que el Senado debe ser más exhaustivo en el análisis, con el fin de dejar claro que no se trata de "militarizar" México, sino apoyar en el combate a la delincuencia, sobre todo cuando el gobierno federal determine acciones directas en las entidades.

El integrante de la Comisión Permanente de Seguridad Pública, Tito Delfín Cano mencionó que en la actualidad el presidente ya tiene la facultad de instruir el reforzar la presencia de elementos federales, llámese fuerzas castrenses o marinos en los estados.

Lo único que se busca con la Ley de Seguridad Interior es "delimitar" el actuar los elementos federales en las entidades, "hoy se busca reglamentar estas intervenciones y es respetable la opinión de las organizaciones civiles y la sociedad".

Recordó que con anterioridad los presidentes cometieron "errores" al ordenar a elementos de Semar y Sedena el "entrar" en las entidades federativas, por lo que ahora se intenta regular el tema.

"Yo creo que en el Senado se harán algunas adecuaciones y posteriormente se hará en los Estado. Es un tema que va a dar por un rato comentario y polémica. En lo personal estoy de acuerdo en que tiene que suceder".

Cuestionado por el riesgo de que la intervención de las fuerzas federales no se convierta en una "intromisión" a la vida de los ciudadanos, insistió que se tendrá que justificar el actuar del gobierno para "vigilar" a los ciudadanos.

"Al final están surgiendo cosas o suceden cosas fuera de la Ley, Si yo Semar o Sedema te vigilo, con servicio de inteligencia -porque hay una sospecha que está violando la ley- lo qué hay que hacer es reglamentarlo para que no haya abusos en los derechos humanos".

Sobre el mismo tema el vicecoordinador de la fracción del PRI, Carlos Morales García, explicó que la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto busca dar certidumbre a los elementos de la Marina y la Secretaría de La Defensa Nacional, que han apoyado en el combate a la delincuencia.

En este momento, dijo, no hay seguridad para los elementos a pesar del apoyo que han brindado a algunas entidades como Veracruz, que padece los estragos de la presencia del crimen organizado.

"Hace falta generar esa certidumbre, a través de la Ley de Seguridad Interior, para dejar claras las limitantes y se genere certidumbre en el apoyo que se brinde a los estados, como Veracruz, en donde hay un total descontrol".

Reconoció que el tema es polémico y eso genera posiciones encontradas de los actores políticos, pero para evitar esas posturas, se tendrá que analizar a fondo el proyecto en el Senado y en los Estados se tendrán que dejar claro que la ley sólo busca salvaguardar a la mayoría.