Política

La reflexión y escucha como imperativos

diciembre 04, 2017

A días de aprobada en lo general por los diputados federales la dudosa Ley de Seguridad Interior, en el estado se contaron de viernes a domingo 16 ejecutados, tal vez más, sin contar secuestros y asaltos. La pesadilla macabra del lenguaje de cuerpos desmembrados tirados en el arroyo continúa como diálogo admonitorio entre organizaciones criminales antagonistas.

Dicha ley ha sido rechazada y criticada por diversas voces de la sociedad civil nacional, desde la academia hasta organizaciones empresariales, por organizaciones internacionales de derechos humanos y por los relatores de la ONU y la OEA. Todos convergen en señalar el despropósito de habilitar militares como policías. Sacarlos de los cuarteles a las calles como método de disuasión para la eventual comisión de delitos ha sido un error múltiples veces comprobado con sangre y tragedias. Desde la matanza de Tlatlaya, aún no aclarada, donde probadamente los soldados sembraron armas a los ejecutados para simular que habían sido muertos en un enfrentamiento.

La llamada guerra contra el narco fue declarada en diciembre de 2006 por Felipe Calderón. Desde entonces, los grupos y organizaciones criminales crecieron 900 por ciento. En Centroamérica, la víctima colateral de la guerra mexicana contra el narcotráfico, la violencia ha crecido por arriba de 2000 por ciento según investigaciones académicas. El aumento de la violencia derivada del método para combatirla ha deteriorado integralmente la seguridad del país. De ahí el decidido rechazo a lo aprobado por los diputados.

El gobernador del estado, sin embargo, califica de frívolas y banales las críticas. Los argumentos que aluden a la militarización no son válidos porque no definen militarizar, dice. ¿Hace falta hacerlo? ¿De verdad se precisa especificar lo que significa ese verbo transitivo? Desde hace mucho se sabe por experiencia que se refiere a someter una actividad, un servicio, un lugar o a una población a la disciplina, leyes y costumbres militares. Y somos, aún, una sociedad civil.

Descalificar así las preocupaciones de la sociedad civil, de académicos y de organismos multilaterales es negar la realidad. ¿O hace falta recordar que las ejecuciones de Tlatlaya siguen impunes? ¿O aquel caso de 2014 donde elementos del Ejército balearon al menos a 11 personas en la comunidad de Antúnez, Michoacán? ¿O la familia agredida por militares en Sinaloa, que se demostró que jamás dispararon un arma como afirmaron los militares agresores? ¿Qué ha pasado con el castigo por la agresión de un grupo de militares sobre la anciana Ernestina Ascencio Rosario en Soledad Atzompa hace 10 años, en los primeros meses de esta política bárbara, sangrienta y completamente ineficaz?

Esta guerra se ha cruzado en la vida de demasiadas personas anónimas; 150 mil muertos y unos 28 mil desaparecidos.

México vive desde hace 10 años una versión pervertida de guerra civil en la que, además, los gobiernos no se han ocupado de depurar y capacitar adecuadamente las policías civiles y municipales que era, se entiende, la idea de hacer uso de las fuerzas armadas. ¿Quién de los gobernantes ha definido cabalmente al narco y al crimen organizado como un fenómeno social, cultural, económico y de salud en donde la inseguridad es sólo una de sus expresiones?

Por eso no es menor la disposición del presidente municipal electo por Xalapa, Hipólito Rodríguez, quien dice que los gobiernos municipales de Morena coadyuvarán y se coordinarán para proteger a la sociedad, pero que no improvisarán ni asumirán funciones que por ley corresponden a los gobiernos federal y del estado.

Es sustantivo. Cualquier posibilidad de éxito en acotar la expansión del crimen organizado pasa por la coordinación, colaboración y respeto entre autoridades.

Pasa también por la autocrítica y la capacidad de escucha a los reclamos y resistencias de la sociedad.

La verdadera voluntad de cambio pasa por la devolución de la responsabilidad del combate al crimen a las autoridades civiles, no las militares. ¿En qué han invertido la década de violencia militarizada en las calles? ¿Cuántos policías realmente capacitados hay en el país?

Después de esta década cruenta, de matanzas sin castigo, de luto múltiple generalizado, de corrupción en las autoridades, es necesario pensar seriamente en políticas integrales que visualicen a las empresas criminales y al narcotráfico más allá de un asunto entre héroes y villanos. En esos extremos, la sociedad ha aprendido a adaptarse a la violencia aleatoria permanente. La despenalización del consumo, por ejemplo, no arreglará un problema tan profundo, pero ayudará a que los mexicanos distingan la droga de la guerra contra el narco, los consumidores de los narcotraficantes. Es el primer paso para aceptar que otra solución es posible. Escuchar antes de descalificar y la empatía, ayudan.