Política

La Corte reconoce corrupción, ¿al diablo las instituciones?

noviembre 26, 2017

Al reconocer el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar Morales, que prevalece "la indignante corrupción de gobernantes y empresarios" –lajornadaunam– confirma que las instituciones no han cumplido correctamente su función, pues si después de tantos años de lucha el país vive y está en la miseria, quiere decir que todo esfuerzo ha sido en vano, lo que indica que, o actuamos con la congruencia y energía necesaria o el país se hunde.

Aunque tarde, el ministro presidente de la corte mexicana aborda el tema y no excluye a los jueces que han sido y son timoratos, y sólo piensan en estar plegados a la placenta del gobierno, pues no hay antecedentes de lo contrario en fecha reciente, salvo el juez Silva que amparó a Carmen Aristegui; no obstante un colegiado le enmendó la plana y ahora será la justicia internacional la que venga en su auxilio, pues por un lado la ley refiere que los particulares son autoridades cuando gozan una concesión del estado y, por el otro, se menoscaba esa posibilidad para que se califique como mercantil o civil. En fin, como tanto se dice por ahí "son cosas de gobierno", que está a lo que mejor convenga.

La sociedad está ahora más lampreada que hace 12 años, cuando Manuel López Obrador le dijo al presidente Fox, a propósito de su verborrea ridícula: "Cállate, chachalaca", lo que hirió las conciencias castas y que fue suficiente para emprender aquella campaña atroz en su contra y, precisamente, por oponerse a acatar una sentencia de un colegiado que favorecía al despacho de Diego Fernández de Cevallos –panista recalcitrante– y que llegó hasta la corte mexicana para su revisión y determinó en definitiva que se tenía que cumplir con esa determinación judicial pero no en los términos económicos, lo que impidió la quiebra de las finanzas de la hoy Ciudad de México.

Este hecho histórico del ex jefe de gobierno lo llevó a su desafuero y a la destitución del procurador Macedo de la Concha, y como correlato, que no se respetaban las instituciones y que se habían "mandado al diablo sus instituciones", estribillo que sirvió para empoderar a Calderón Hinojosa y arroparlo para que asumiera el gobierno y sembrara al país de miles de cadáveres y que es la continuación en este sexenio de Peña Nieto, lleno de atrocidades y aberraciones indignantes.

Bien que Luis María Aguilar Morales, presidente de la corte, invoque a Mariano Otero en el tema de la lacerante y extrema pobreza, y marginación y la situación de crisis que vive el país y también es responsabilidad de los jueces, puesto que ningún derecho puede ejercerse con efectividad "si se carece de las garantías mínimas de bienestar social que le den sustento y contenido", y fue más allá cuando agrega: "El país sigue viviendo la falta de oportunidades para las generaciones de jóvenes, la ausencia de condiciones dignas de trabajo, la discriminación, así como la situación de vulnerabilidad que sufren las mujeres, las minorías sexuales, los grupos indígenas y las personas con discapacidad.

"Se trata de evitar que la autoridad ejerza su poder de manera despótica, caprichosa, sin límite alguno, sin frenos ni contrapesos, sin rendición de cuentas; de ahí la importancia de la labor que desempeñamos todos los jueces en las distintas instancias jurisdiccionales del país, para cumplir y hacer cumplir la ley", dijo el presidente de la Corte, sin duda en clara referencia a la sentencia que se dictó en contra del Congreso de la Unión que no cumplió con lo que mandata la Constitución en su artículo 134 en cuando a evitar la opacidad publicitaria que hace el gobierno para estrangular a aquellos medios de comunicación que no le son afines.

Se coincide con las expresiones del presidente del órgano constitucional nacional. Sin embargo, se cuestiona que en la práctica no se refleje de manera palmaria, pues hay evidencias de que quien custodia la Constitución no obliga, de oficio, a que los otros poderes la cumplan. Y está el caso reciente del fiscal electoral que fue destituido sin ninguna consecuencia cuando se señala que se le había electo hasta noviembre del 2018. O bien, en el caso del presidente Peña, que propone como ministro de la corte a Eduardo Medina Mora y el Senado lo aprueba, cuando se viola la constitución al precisar que para ocupar ese cargo se requiere que en los dos últimos años radicara en México, requisito no satisfecho.

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