Política

◗ Fiasco

noviembre 25, 2017

El gobierno de Peña Nieto se acerca fracasado a su final. No ha tenido ni relativo éxito siquiera en los procedimientos para ocultar los inmensos cursos de corrupción y patrimonialismo habidos a lo largo de cinco años. A inicios noviembre de 2014, justo en la víspera de una gira internacional por oriente, estalló fulminante el escándalo de la Casa Blanca de Las Lomas. El 6 de noviembre, el gobierno de Peña Nieto revocó la licitación del tren bala México-Querétaro que construirían empresas chinas y por lo que ahora reclama la friolera de 600 millones de dólares u 11 mil millones de pesos de indemnización. Esto es, 55 mil millones de pesos más de lo que se destinó en 2017 para salud pública.

Nada de lo que esta administración federal ha hecho ha podido atenuar o diluir los daños recibidos; una pieza periodística de investigación que definió por completo la naturaleza de la administración de Enrique Peña Nieto y la plutocracia burocrático-partidaria que lo sostiene. Pocos meses después de que estallara el escándalo, el gobierno federal puso bajo reserva de confidencialidad más de 4 millones de expedientes gubernamentales que se suman a 8 millones que existían previamente. Un total de 12 millones de expedientes y documentos que el gobierno federal explícitamente desea mantener a salvo del escrutinio público.

La opacidad es tan completa que incluso el protocolo de búsqueda para personas desaparecidas es confidencial, lo mismo que los diagnósticos de la guerra contra el crimen organizado. Desde luego, las encuestas que hace el gobierno sobre su imagen y que paga con dinero público también son confidenciales.

Ha sido tan descarada la debilidad por la corrupción de los actuales gobernantes que un juez, Luis María Aguilar, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, criticó ayer con severidad al gobierno justamente por la persistencia indignante de la corrupción entre gobernantes y empresarios, por la pobreza y por la mala educación de buena parte de la población.

En el tiempo de este gobierno, las condiciones de trabajo se han deteriorado en todos los ámbitos, se han precarizado los salarios y la discriminación hacia mujeres, pueblos originales y todo aquel que se encuentre en partes sustantivas de la población del país, esto es, mujeres, indígenas, sexualidades distintas, discapacitados, sufren discriminación explícita y son completamente vulnerables frente a las instituciones que están supuestas a protegerlos. Además de haber ganado una cruenta guerra interna, el país ha perdido 18 años consecutivos por las incompetencias y corrupción de tres administraciones priístas y panistas. Hoy asistamos a las urgencias y manipulaciones de una clase política incapaz de todo excepto en percibir que nunca han estado tan desprestigiados, despreciados y vilipendiados como lo están hoy. Un gobierno que espía a ciudadanos incómodos y periodistas, que ve con indiferencia cuando la muerte se ceba sobre éstos y que paga con dinero público los programas cibernéticos que servirán para espiar a los ciudadanos, no a los empresarios del crimen.

Modelo que parece venirle bien a todo tipo de gobernantes, el gobierno veracruzano puso como reservada la información concerniente a sus viáticos, que se financian con recursos públicos. Y quienes están supuestos a garantizar el acceso ciudadano a la información gubernamental les parece justificada tal opacidad.

El interés público es relegado cuando contradice al interés del gobierno. Esto es siempre. El Estado mexicano ha sido abandonado por quienes lo gobiernan.

*Es Cosa Pública

leopoldogavitonanson@gmail.com