Política

Rodeados

noviembre 23, 2017

El resultado de la guerra contra el narcotráfico, declarada con fines de legitimación por Felipe Calderón, no ha significado en absoluto la disminución de la economía criminal o la reducción del flujo de drogas, dinero y armas, sino lo contrario. Pero miles de personas han muerto, desaparecido o han sido expulsadas por la violencia de sus lugares de vida. Los gobiernos niegan la crisis, especialmente en lo que se refiere a derechos humanos. Al fin y al cabo es una bandera útil que les presta un poco de confianza robada al público con la simulación. Lo cierto es que el país está metido hasta el cuello en un conflicto que crea una violencia mixta en la que apenas, y a veces, se distingue si las autoridades están involucradas o no.

El Estado al mismo tiempo se erosiona y se diluye con el poder criminal. Las víctimas son lo mismo ciudadanos comunes, especialmente mujeres, que periodistas o activistas. Todos se enfrentan a violaciones que desafían el entendimiento tradicional de los derechos humanos. Como recién acaba de ser exhibido en Costa Rica, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que analiza las atrocidades de las fuerzas policiales contra la población civil inerme que defendía su modo de vida y su derecho a vender flores.

La historia militar enseña que en la guerra moderna es mucho más probable que un combatiente hiera a un enemigo en vez de matarlo. En México es lo contrario, las fuerzas armadas matan con una eficiencia abrumadora, a pesar de que las autoridades insisten en que los soldados están mejor preparados. Es probable que lo estén. Para la guerra, no para tareas de seguridad ciudadana y combate a la criminalidad.

La Cruz Roja Internacional publicó en diciembre del año pasado el estudio Voces sobre la Guerra; en él se asienta que en la mayoría de los escenarios de combate entre grupos armados por cada persona muerta hay una media de cuatro heridos. A veces más.

Pero en México los resultados son diametralmente opuestos. Hasta hace dos años las fuerzas armadas mataban ocho enemigos por cada uno que hiere. En la Marina Armada la cifra se multiplica, 30 enemigos muertos por cada herido, según el documento Índice de Letalidad 2008-2014: Disminuyen los enfrentamientos, misma letalidad aumenta opacidad, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

El gobierno federal está plenamente apercibido. Desde marzo del año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el comportamiento del gobierno mexicano en derechos humanos por las ejecuciones extrajudiciales. Previamente, las Naciones Unidas, en el marco de la Convención Internacional Contra la Tortura de la que México es firmante, había señalado que en México la tortura se practica de manera generalizada.

En este contexto que afecta plenamente a los gobernados veracruzanos, molesta que hacia el final del gobierno federal el secretario de Gobernación reconozca que en lo que a seguridad pública se refiere, la "situación es muy compleja" y que "se necesitan cambios de fondo en el diseño del modelo de seguridad".

Lo que significa con crudeza que en cinco años han hecho nada: ni siquiera cambiar la narrativa como el propio secretario Chong anunció al principio de la administración, y mucho menos pensar siquiera en la inaplazable reconfiguración institucional.