Política

Derechos

noviembre 19, 2017

En el maremágnum de configuraciones hostiles, noticias fatales, violencia y cortedades burocrático-gubernamentales, un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juez Pardo Rebolledo, alienta a los legisladores locales a debatir con seriedad en torno a las reformas necesarias para que en Veracruz sea permitida la formalización legal de unión entre personas del mismo sexo. La SCJN se ha pronunciado el en sentido de que cualquier ley local que considere que la finalidad del matrimonio es la procreación o que lo defina como el que se celebra entre una mujer y un hombre es inconstitucional por conculcar los derechos de una gran parte de la población que llanamente no es heterosexual. No modificar la legislación como está violenta los derechos humanos al discriminar a los no heterosexuales.

Hace bien el juez al poner el tema en el centro de la atención pública porque es claro que los legisladores eluden su responsabilidad. Es verdad que el estado tiene un amplísimo abanico de asuntos por resolver pero ninguno está antes que otro cuando a derechos humanos se refiere. Nunca los derechos humanos son un tema menor frente a la espectacularidad de otros asuntos conflictivos.

Algo similar y muy serio sucede con las mujeres en el estado que, entre feminicidios y legislaciones hostiles enfrentan restricciones legales –o de facto– en su acceso al aborto legal y seguro en el estado. Incluso hasta donde el aborto está permitido por ley, con frecuencia las mujeres tienen un acceso seriamente limitado a tales servicios por la falta de reglamentación, por servicios de salud inadecuados y, la mayoría de las veces, por la falta de voluntad política de quienes se ostentan como representantes populares.

El aborto está permitido en la mayoría de los países, por lo menos como medio para salvar la vida de la mujer embarazada, o donde el embarazo es el resultado de violación o de incesto, pero no basta.

Durante décadas las mujeres han insistido y se han movilizado por el derecho al acceso al aborto legal y seguro. El derecho internacional de los derechos humanos explicita cada vez más el fundamento legal de estas reivindicaciones.

Veracruz, agobiado por la violencia criminal, las burocracias sátrapas, las limitaciones gubernamentales y los autoritarismos variopintos, debe también remontar las resistencias de aquellos muchos interesados en conservar las condiciones que debilitan a las mujeres y sus derechos.