Política

El Congreso, oneroso y vergonzoso; un lastre para la nación

noviembre 17, 2017

La sentencia que dictó la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Congreso de la Unión, habla de que ese organismo –integrado por diputados y senadores–representa un lastre oneroso y vergonzoso para la nación, cuando se tiene que llegar a esos extremos de que se le enmiende la plana y se le fije fecha para que cumpla con el mandato de que la publicidad del gobierno la República, que por lo general es promoción personal, sea transparente.

La omisión legislativa es obvia y elocuente, pues con toda perversión el artículo 134 de la Constitución se ha mantenido intocable desde hace muchos años. Obliga al gobierno a que se conozca en qué se gastan tantos millones de pesos en publicidad, por lo general selectiva, es decir, a medios de comunicación afines al gobernante en turno y que más tiende a una promoción personal que difundir aspectos que sí importen a la sociedad.

El artículo en mención, que es claro, preciso y contundente, pide mucho para un país que está inmerso exponencialmente en la corrupción y la impunidad, pero dice, después de las reformas de 2008 y 2016, "los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados". Pero en materia de propaganda asienta "la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público" (reformado el 13-11.2007).

Pero el meollo está en que, en la reforma adicional de -13-11-2007 y 28-12-1982- se asienta "Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar", es decir, la reglamentación que incumbe al Congreso, por razones obvias, se ha hecho de la vista gorda, lo que lleva ahora a que a más tardar el 30 de abril de 2018, en que termina su periodo legislativo, la reglamentación y sus sanciones tendrán que ser aprobadas y publicadas para que se aplique en el ámbito nacional.

El proyecto del ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que es aprobado por cuatro de los cinco integrantes de la primera sala, es histórico y además brinda la oportunidad para que se conozca qué togado votó en contra y que, por ser un servidor público comprometido con el país, que percibe emolumentos de la nación, explique y justifique su voto, a efecto de que la sociedad conozca en que se sustentó para ello. No hacerlo alentaría la opacidad y los oscuros intereses que protege. Se garantiza la libertad y de ideas de todos, lo mismo los criterios, pero lo que no debe permitirse es la irresponsabilidad de quien aplica o resuelve cuestiones jurídicas y de ese calado.

Esta decisión histórica de la Suprema Corte de Justicia proviene de que se han presentado 17 iniciativas en el Congreso y no se han discutido, es decir, la orden de la Constitución no ha sido suficiente para hacer eficiente al Congreso. Al contrario, va a paso de elefante para llegar lejos, esto es, percibir los altos emolumentos económicos y desdeñar su obligación con la nación y burlarse, de manera espeluznante de la ley de leyes, que les asfixia porque juraron cumplir y hacer cumplir y con su omisión, por el que se les condena, se llenan de orgullo. ¡Vaya cinismo!

limacobos@hotmail.com / Twitter:@limacobos1