Política

Despojo y catástrofes

noviembre 15, 2017

El proceso semi furtivo de privatización eléctrica que llevan a cabo los sucesivos gobiernos nacionales desde 1992 es ilegal; se basa en una legislación secundaria que contraviene lo dispuesto por la Constitución política del país.

La privatización eléctrica está basada en lo señalado por el Anexo 602.3 del TLC con América del Norte y los dictados que el Banco Mundial exigió a Ernesto Zedillo en 1995. El plan consiste en privatizar todo, pronto y como sea.

En el caso del agua, la disponibilidad media en el país es baja y muy baja, pero el gobierno prefiere privatizarla en un necio apego a las tesis ultra neoliberales que orientan los quehaceres gubernamentales desde los años 80.

Los pobladores de la Cuenca de La Antigua señalan que dos empresas han comprado terrenos para echar proyectos que fueron aprobados por Semarnat desde hace cuatro años.

Al igual que la minería metálica a cielo abierto, las hidroeléctricas son un serio peligro para la población y para el medioambiente. Los impactos son prohibitivos.

Los apologistas dicen que este tipo de presas son seguras, evitan la contaminación, redirigen el cambio climático futuro, controlan inundaciones y sequías y mejoran la vida de las personas.

Estas afirmaciones son esencialmente falsas. Al contrario, las presas impiden el curso del agua de los ríos, aumentan las posibilidades de que se produzcan terremotos, destruyen medios naturales de gran valor y alteran radicalmente la vida de las personas. Más que beneficiar a la población con energía no contaminante, los constructores de presas afectarán gravemente la ya vulnerada naturaleza, con el peregrino argumento del crecimiento económico.

Se culpa al cambio climático de las inundaciones catastróficas habidas en lustros recientes.

No es así, las inundaciones catastróficas ocurren por cinco causas antinaturales generadas por errores humanos. El principal de ellos son las presas hidroeléctricas. Le siguen terraplenes elevados y de relleno; luego los bordos, muros y malecones; la deforestación y por último la masa de construcciones. La más letal es desde luego las represas hidroeléctricas.

En Veracruz, estos proyectos ya han cobrado vidas de resistentes, pero ha quedado demostrado que la sociedad organizada puede pararlos. Es sustantivo para el futuro que las decisiones de vida sean tomadas por los habitantes, por la ciudadanía; no por gobiernos y burocracias tecnócratas ajenas a los más elementales principios de consideración y mesura en los procesos de decisiones.

María de Jesús Patricio, vocera del Consejo Indígena de Gobierno y precandidata presidencial en búsqueda de registro lo ha dicho con claridad meridiana: en el 2018 habrá despojo y fuerte represión sobre los pueblos originales. Eso está directamente vinculado a los proyectos extractivos y a las hidroeléctricas. Es tiempo de hacer caso a la quienes viven en armonía con la tierra y saben escucharla.