Política

La modernización en el Porfiriato y la actualidad: políticas de corrupción, sangre y fuego

noviembre 11, 2017

Las circunstancias actuales y las del Porfiriato, guardadas las proporciones y el contexto histórico, en el cual se desarrollaron, presentan características que las hace tener coincidencias, según el historiador Alejandro Rosas (2015) –en Debates públicos promovidos por Para leer en libertad–. Básicamente, éstas se perciben en tres ejes: "1) La corrupción desarrollada a través del arte de la simulación, en la cual está presente un sustento legal que se desarrolla sin una ética política; 2) Una paz social que tiene como fundamento "la sangre y el fuego", con una sociedad que por temor va cediendo sus derechos políticos; 3) La idea de modernizar el país de "civilizarlo", de llevarlo a un primer mundo –aunque el concepto como tal no existía–". En tanto, que Paco Ignacio Taibo II (óp. cit.), hizo mención del regreso del imaginario porfirista, para éste, ha propiciado la consolidación del autoritarismo liberal, que está generando una distribución desigual de los recursos, revestida de apariencias, ciudades entregadas a los grandes proyectos inmobiliarios, sin la idea de comunidad, una empresa petrolera mexicana ahora del capital transnacional.

Alejandro Rosas (óp. cit.), enfatiza que la modernización como una política fue retomada durante la administración federal que encabezó Miguel Alemán Valdés –1 de diciembre de 1946 al 30 de noviembre de 1952– y durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari –1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994–. En esta época del neoliberalismo –un sistema económico con un capitalismo que trasciende las fronteras–, está presente un resurgimiento del porfirismo fundamentado en una paz social a costa de la represión y de un supuesto desarrollo económico. Con respecto a la modernización –constituida por la tecnología, los avances científicos, los sistemas económicos y políticos–, desde la perspectiva de Sergio Zermeño (1990), ha propiciado un enfrentamiento con la modernidad, a partir de la globalización –proceso mundial en el que se encuentran las repercusiones culturales, sociales y políticas del neoliberalismo–, la cual, en el país ha generado destrucción de la sociedad civil y estragos en las estructuras sociales del ámbito rural.

La modernización tiene como sustento el desarrollo, concepto articulado al progreso, diversos autores como Gardner y Lewis (2001) lo vinculan con la historia del capitalismo, colonialismo y el surgimiento de epistemologías europeas, desde el siglo XIII en adelante. En el discurso político fue usado por Truman –presidente de Estados Unidos– en el año de 1949, para articularlo con la modernidad y enfatizar la trascendencia de lo económico.

Las empresas transnacionales –desde mediados del siglo pasado hasta el momento actual– han transitado por México con la venía de los gobiernos que les propiciaron un marco legal, sin restricciones o con muy pocas, para que desarrollen un extractivismo voraz que destruye el entorno ambiental, que contamina y acaba con los mantos acuíferos y que proporciona un creciente despojo a los pueblos originarios, tan violento o más que los ejecutados durante el porfiriato, que también genera desempleos masivos en ámbitos rurales y urbanos. La principal motivación del gobierno mexicano para ceder y promover las privatizaciones es su ambición y corrupción, la que se hace visible en el Ejecutivo federal, los estatales, gran parte de los municipales y la de diversos funcionarios (incluso, muchos de los que se enuncian de izquierda).

Los ejes planteados por Rosas y el imaginario enunciado por Taibo II, se hicieron visibles durante el mes de octubre en un solo caso de manera grotesca, a través de declaraciones de la empresa brasileña Odebrecht, que asumió dar sobornos millonarios al gobierno actual, desde antes de ser tal. Raúl Olmos (2017, 23 de octubre) –en Animal Político–, menciona que: "En plena contienda electoral del 2012, esta empresa transfirió 3 millones 140 mil dólares en siete depósitos a la empresa ligada por los delatores a Lozoya, en pago por supuestos favores". A través de los documentos en poder de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), tres de esas transferencias por 1.5 millones de dólares provenían de Braskem, la filial petroquímica de Odebrecht que en aquellos días construía la planta Etileno XXI en el estado de Veracruz, en alianza con la empresa mexicana Idesa".

Las iniquidades en la distribución del recurso en el país son recurrentes en diversos espacios y sectores. En el caso de los trabajadores, por mencionar solamente un grupo de éstos, el de la industria petrolera, Miranda (2017, 11 de mayo), en el periódico La Jornada va a destacar que durante el gobierno de Peña Nieto, en cuatro años, más de 25 mil trabajadores de base de Pemex han sido despedidos.

La corrupción del gobierno ha propiciado su articulación estrecha con la delincuencia organizada. Ésta última ha perfeccionado sus técnicas y estrategias, lo que le confiere un alto grado de complejidad al escenario actual. El tema ha sido señalado en diversos medios, incluso estudios realizados por académicos como los de la Clínica de Derechos Humanos de la facultad de Derecho de la Universidad de Texas. Al respecto, Julio Hernández López en su columna Astillero del periódico La Jornada del 7 de noviembre del 2017, va a retomar esto para enunciar: "El desbordado poder de los grupos del crimen organizado –en específico, Los Zetas– y la sujeción de los gobernantes y las instituciones, en particular durante las administraciones encabezadas por Fidel Herrera, quien a su vez dejó como heredero de la continuidad criminal a Javier Duarte de Ochoa, y por Humberto Moreira (…)".

El crecimiento de la delincuencia organizada, su desbordamiento y enquistamiento dentro del sector gubernamental y en múltiples sectores sociales ha generado asesinatos en algunas poblaciones sureñas de Veracruz. Los medios dan cuenta de uno diario, lo que con sus variantes se reproduce en todo el país; al igual, son innumerables las desapariciones. El 9 de agosto, en La Jornada, Sergio Ocampo (2017) va a enunciar que: "El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, declaró que la cifra ascendió a 30 mil personas, además de los que no son contados en las estadísticas; estamos hablando de muchos más".

El acercamiento al pasado genera tener conciencia de los errores y omisiones de otros momentos para evitar que estos se repitan; sin embargo, gran parte de la clase política solamente la trastoca, despoja de sus significantes para usarla con fines políticos como generalmente suelen hacer con los medios de comunicación.

La conformación regional del país tuvo sus orígenes en el periodo en el cual Porfirio Díaz se mantuvo en el poder (de 1830 a 1911). Durante este se va a propiciar el proyecto de Estado nación. Fue en estos años cuando se gestó la trascendencia económica de algunas ciudades y áreas específicas en donde se desarrolló la industria petrolera en detrimento de algunos espacios, básicamente aquellos que ocupaban los pueblos originarios, en donde muy pronto se hizo evidente la carencia de presupuestos, infraestructura y servicio. Tal fue el caso de la Sierra de Santa Marta y diversos espacios de la Huasteca Veracruzana. Así, la explotación petrolera, las haciendas y el ferrocarril transístmico fueron elementos que definieron las áreas que posteriormente fueron denominadas como Corredor Industrial y Sierra de Santa Marta en el sur de Veracruz, propiciando las diferencias entre ambas: Económicas, sociales y culturales. También desde entonces se desarrolló la especulación de las tierras, lo que generó una transformación radical para los pueblos indígenas.

Joel Álvarez de la Borda (2006) señala que durante la administración de Porfirio Díaz se va a propiciar una reforma del marco jurídico que va a posibilitar la ampliación de los derechos de propiedad a las empresas privadas, lo que promovió el florecimiento de nuevas industrias mexicanas y extranjeras, por medio de una política de exenciones fiscales y legislando para abaratar los costos de los combustibles; también favorecidas por el ferrocarril que propició la unificación del territorio y la expansión mercantil de esas factorías que de manera incipiente se desarrollaban en el país.

La llegada de las compañías extranjeras en el norte y sur de Veracruz, durante el porfiriato va a incidir en una profunda transformación de la tenencia de la tierra. Ana María Serna (2008), señala que en el caso de La Huasteca, una vez descubierto el petróleo e iniciadas las excavaciones, empezó la carrera por ganar las tierras más provisorias y se desató una fuerte competencia entre las compañías involucradas. La autora destaca que antes de la Revolución las comunidades indígenas, haciendas y ranchos compartían las tierras de esta región. En el Istmo Veracruzano, Alejandro Toledo (2008), enuncia que las tierras popolucas y nahuas también empezaron a pertenecer a particulares entre algunos Romero Rubio –el suegro de Porfirio Díaz–, la sociedad denominada La Garza Somella y Cia, la sociedad inglesa S. Pearson and Son Ltd. y Juan A Cházaro. Güido Münch (1983) va a mencionar que los funcionarios se adjudicaron grandes extensiones de terreno; tal fue el caso de Manuel Romero Rubio, quien se apoderó de 40 mil hectáreas que después fueron vendidas a la Compañía Pearson.

La apropiación de los territorios de los grupos originarios por parte de particulares, apoyados por el gobierno, fue una constante durante el porfiriato y que se efectuó en todo el país con sus características específicas en cada región. En este proceso estuvo presente la violencia contra los pueblos indígenas que se tradujo en asesinatos y desapariciones. Taibo II y Rosas (op.cit) menciona las guerras de exterminio genocida contra los pueblos indígenas, entre algunos los yaquis y mayas. Las agresiones violentas contra los popolucas en Veracruz; mientras, que Pedro Salmerón ubicó en el momento presente la violencia política que cada año, se está traduciendo en el despojo de las tierras a los pueblos originarios. Además de las prácticas dictatoriales enunciadas, la corrupción de este periodo ha sido estudiada por otros especialistas como Barrera Bassols, entrevistado por Miguel Ángel Quemain (31 de marzo del 2017) en La Jornada. El historiador va a mencionar a un personaje, Antonio Villavicencio –veracruzano, nacido en 1861– como un siniestro policía, sumergido en el río subterráneo de la corrupción y la violencia, cuya biografía le permitió constatar: "Un régimen incapaz de calcular el costo de un progreso inequitativo que marcó la primera mitad del siglo XX mexicano". La expropiación de los territorios, la ruptura del tejido comunal, durante el porfiriato a base de la corrupción, sangre y fuego, es una constante que a través del discurso modernizador se reproduce en todo el país. También, sustentado en el desarrollo económico, el gobierno sigue usando la máxima positivista del siglo XIX, "orden y progreso", así reprime las expresiones sociales, educativas y culturales, que se desarrolla fuera de los canales institucionales y que tienen características autónomas o contestatarias. Su violencia es cada vez mayor contra la protesta social, al tiempo que aplica un conjunto de estrategias que generan daños en toda la estructura social; propiciando múltiples conflictos regionales y un malestar generalizado que crece cada día más.