Municipios

Cesan a funcionaria de FGE sin más, pese a su trayectoria

noviembre 11, 2017

Por "instrucciones superiores" Carlota Zamudio Parroquín, delegada regional de la Policia Ministerial en la zona centro Xalapa, que abarca 10 distritos, fue cesada de su cargo sin que mediara ninguna explicación al respecto, por lo que solicitó públicamente a la FGE se le notifiquen las razones de ello; además responsabilizó a los "altos mandos" tanto de la Fiscalía a cargo de Jorge Winckler Ortiz como de la corporación policiaca de cualquier atentado que hubiera en contra de su integridad física.

En conferencia de prensa, la ex funcionaria con más de 20 años de laborar en la institución, relató que a lo largo de su gestión ha enfrentado desde amenazas de muerte hasta acusaciones en su contra realizadas por delincuentes que se han visto afectados por un trabajo que, asegura, ha realizado bajo los mejores estándres de calidad y honestidad, todo ello comprobable con evaluaciones que le han realizado.

"Quiero solicitar una explicación pública del cese de mi cargo, lo hago de forma individual como persona, ya es tiempo de levantar la voz. Ni siquiera me remueven a otro similar simplemente me corren como un número, como a un elemento más sin tomar en cuenta mi trayectoria y formación profesional.

"He entregado mi vida y capacidad a la institución. Me han humillado por intrigas o influyentismo de delincuentes que han sido escuchados y nos acusan con nuestros superiores para salir librados de sus fechorías" como sucedió, dijo, en Tierra Blanca cuando se desempeñaba como Ministerio Público y un grupo armado fue a amenazarla de muerte a su misma oficina.

Zamudio Parroquín aceptó que como resultado de esas presiones de grupos delincuenciales, ha sido denunciada en diversas instancias pero que son el resultado de actuar ejerciendo las funciones del Estado.

Refirió que en la dependencia no le dan oportunidad de ser escuchadas y hay decenas de casos similares pero que por temor o cobardía no protestan ni hacen público esos atropellos a sus derechos laborales y que sólo se conocen en los medios pero no al interior de la institución, a la que acusó de darle la espalda como en aquella ocasión de Tierra Blanca cuando delincuentes la amenazaron.

Como resultado de la presión ejercida por los malhechores, indicó que la entonces Procuraduría optó por "castigarla" enviándola a una región lejana.

"He tomado esta decisión que nunca antes la había hecho. Es tiempo de levantar la voz y lo hago como persona. Pido respeto a mis derechos y explicación de por qué me removieron. Soy delegada regional y me bajan a elemento. Doy la cara a cualquier circunstancia por adversa que sea. He dado la cara y solicito explicación pública. Si estoy mal, me atengo a las consecuencias. Si hay atentado contra mi integridad, responsabilizo a altos mandos de la Fiscalía y de la policía", concluyó.