Política

◗ Corrupción

noviembre 03, 2017

ECP*

La destitución del fiscal especial para delitos electorales, Santiago Nieto, y la singular forma de instrumentarla por medio del sustituto del procurador general de Justicia que acababa de renunciar apenas unas horas antes, sugiere la magnitud de la preocupación en el sistema de complicidades por el desarrollo de los eventos escandalosos que desacreditan al gobierno de Enrique Peña Nieto y arriesgan la victoria priísta en la próxima elección federal. El asunto no es en absoluto menor, ha revelado sin ambigüedades la disposición de incurrir incluso en la ilegalidad con tal de no arriesgar perder la elección en el peor de los escenarios posibles que, por cierto, es por mucho el mejor posicionado: López Orador.

Sorprendió la reciente declinación del ex fiscal especial para delitos electorales al manifestar su desinterés por resistir su remoción. El senador Miguel Barbosa aluza un poco las eventuales motivaciones de Santiago Nieto para renunciar a resistir: las amenazas de procesarlo penalmente provenientes de la Secretaría de Gobernación por un conjunto de motivos, la mayoría administrativos, según Barbosa. Santiago Nieto fue presionado para desistir de su objeción

El senador perredista refiere que están seguros de las amenazas por los dichos de personas cercanas a los hechos, que aseguran que el ex fiscal fue amedrentado. La versión tiene el atributo de la verosimilitud y explica el cambio de actitud de ex procurador especial que pasó de la indignación resistente a la sumisión y el desinterés.

El asunto, de suyo grave, empeora cuando la remoción se instrumenta inmediatamente después de que Santiago Nieto diera a conocer que su investigación respecto de la inserción de recursos ilegales de Odebrecht en la campaña de Peña Nieto estaba concluida.

El sistema de complicidades completo reaccionó inmediatamente frente a la eventualidad de que información sobre dinero de Odebrecht en la campaña de Peña Nieto saliera a la luz pública. Curiosamente, de los países en donde la empresa brasileña ha hecho negocios y tiene intereses importantes, los escándalos de corrupción han hecho caer gobiernos; excepto México. Los tomadores de decisiones en el gobierno de Peña Nieto prefirieron no arriesgar otro escándalo que no podrían atajar y removieron al fiscal especial para delitos electorales, lo que por sí mismo es una confesión de ilegalidades que les es imperativo ocultar.

No es, pues, casual que en los años que lleva de gobierno se hayan ocultado del escrutinio público la friolera de más 12 millones 406 mil expedientes. Bastante más que los expedientes puestos bajo reserva por Fox y Calderón juntos y que incluyen los peores años de la militarización desatada por la llamada guerra contra las drogas. La desorbitante cifra sugiere no sólo el perfil de este gobierno federal; revela también la naturaleza del sistema de complicidades sobre el que se sostiene. De ahí el miedo entrañable a que llegue al poder un candidato anti sistémico. No tanto por el eventual castigo a algunos protagonistas responsables, sino por las pérdidas multimillonarias que sufrirían. Su derrota en 2018 pudiera en efecto significar perder cantidades ingentes en apropiaciones de dinero público. Lo que explica también la compra y uso ilegal del software espía Pegasus.

El gobierno federal y el sistema de complicidades sobre el que se sustenta están decididamente movilizados para acotar los daños encajados por las corrupciones exhibidas hasta ahora, que no son pocas. Este ha sido un gobierno perdido. La pobreza se mantuvo, en el mejor de los casos, pero no han podido ocultar el aumento inmisericorde de la desigualdad.

Hace apenas unos días el Barómetro Global de la Corrupción definió a México como el país más corrupto de Latinoamérica. Como respuesta, el presidente dijo que cualquier cosa que pasa en México se le atribuye a la corrupción. En fin, que la situación del hombre es inmejorable. No por buena, sino porque nomás no tiene remedio.

*Es Cosa Pública

leopoldogavitonanson@gmail.com