Política

Derecho de réplica

noviembre 03, 2017

Con respecto de la publicación de una información en la que se le señala como sujeto de investigación por parte de la Fiscalía estatal en relación a las presuntas irregularidades en torno de la concesión al consorcio MAS, formado por la multinacional brasileña Odebrecht y Aguas de Barcelona, de la prestación del servicio de agua potable a la ciudad de Veracruz y Medellín, el alcalde de Veracruz, Ramón Poo Gil, reclama un derecho de réplica mismo que se le concede en los términos que señala el artículo 6 de la Constitución.

Está en su derecho el funcionario público en su solicitud cuando el mismo reportero autor de la nota referida acepta que hubo un equívoco en el sentido de la investigación referida en la misma réplica del edil que, según la FGE, se refiere a una indagación referida a otro tema, al mismo tiempo de exonerarlo de cualquier indagatoria al respecto.

Es sabido que alrededor de las distintas inversiones realizadas por Odebrecht en el país orbita por lo menos la sospecha de la corrupción y se investiga la compra de conciencias de políticos para obtener, a cambio, facilidades para las multimillonarias inversiones que realizaron en los últimos años, la gran mayoría difíciles de comprobar fehacientemente por la manera oscura en que se maneja ese tipo de operaciones, aunque el caso haya detonado ya en otras esferas de la administración pública federal.

En lo que respecta a la privatización del agua potable en parte de la conurbación porteña, la falta de cumplimiento en la prestación del servicio, el encarecimiento del mismo y el engaño en las propuestas de inversión comprometidas por el consorcio una vez que el anterior Congreso estatal autorizara apresuradamente y de manera extraña la disolución del extinto SAS –saqueado en efecto al máximo por sus directivos en los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte y que lo llevó prácticamente a la quiebra– ha hecho que la presión ciudadana y las evidentes irregularidades llevaran a las autoridades municipales entrantes a declarar la inminencia de cancelar dicha concesión.

Por respeto a nuestros lectores y al compromiso social que representa el ejercicio del periodismo, se establece que en ningún momento se trató de afectar la imagen pública del edil, estructurando una verdad a medias, a partir de una investigación jurídica sin relación con el caso mencionado; ello se aclara por cuenta del reportero autor de la información.

Por otra parte, es nuestra obligación ofrecer información sustentada en investigación y en la veracidad de las fuentes, máxime en la que el estado de Veracruz vive una etapa en la que la judicialización como método para establecer relaciones con un sector de la prensa parece ser la divisa oficial para intentar acallar el disenso y la denuncia de hechos lesivos a la ciudadanía cometidos desde el poder.