Política

Gobiernos autoritarios, gobiernos terroristas

octubre 31, 2017

Ayer, en coordinación con la Secretaría de Marina, diversas organizaciones no gubernamentales y familiares de desaparecidos buscaron rastros y pistas nada menos que en la escuela de policías ubicada en El Lencero, en la presunción de que pudiera haber ahí fosas clandestinas.

Más allá de la carga escandalosa implícita en que instalaciones gubernamentales para la preparación de cuadros de seguridad pública pudieran haber sido utilizadas para desaparecer personas, el hecho de que en efecto se busquen es una definición de la calidad del estado veracruzano y su trama institucional. Esto, independientemente de que se encuentren o no allí fosas o restos de desaparecidos durante el gobierno de Javier Duarte. El sólo hecho de pensarlo probable es definir a un gobierno como criminal. De encontrar evidencias o meras pistas en ese sentido cambiará por completo el perfil del desastre gubernamental anterior y, por extensión, el de la administración federal que, por cierto, ha dado varias veces pruebas de sus compulsiones represoras. El mismo día de su toma de posesión, para no ir más lejos, y con el inaguantable pasmo del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.

Cualquier pista que se halle en tal lugar, tendrá que cambiar por completo la naturaleza de las imputaciones que pesan sobre el ex gobernador y su secretario de seguridad pública. Encarcelados ambos por delitos patrimoniales y con independencia de las limitaciones impuestas por la extradición de Guatemala. Dicho en breve, terrorismo de Estado. Posibilidad que, por lo demás, no suena descabellada.

Veracruz es una entidad desmadrada por la venalidad de varios gobiernos consecutivos, por la debilidad institucional y, salvo casos excepcionales, por la apatía ciudadana.

Pero el posible terrorismo del gobierno anterior viene de atrás. Del gobierno de Felipe Calderón que llevó el uso del monopolio de la fuerza a excesos de lesa humanidad. Conviene no perder de vista la secuencia de distorsiones que se retroalimentan.

A todo esto se suma la insolvencia crónica heredada del latrocinio gubernamental continuado. Al grado de que el gobierno no puede impartir justicia y dar consuelo a las víctimas de desapariciones por no tener dinero para comprar las pruebas de ADN necesarias.

Es por eso que el encarcelamiento del ex gobernador y varios de sus ex funcionarios será siendo apenas relevante mientras no sea devuelto la totalidad del dinero robado. Mientras eso no suceda la justicia será punto menos que nula.