Política

Perdona el Congreso daño patrimonial de 16.5 mdp a ex titulares de CGE y Sedema

octubre 31, 2017

El Congreso local ya no avalará el daño patrimonial ocasionado por los ex duartistas Ricardo García Guzmán y Víctor Alvarado Martínez, titulares de la Contraloría General del Estado (CGE) y la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), respectivamente, durante el sexenio pasado.

Y es que a decir de la Comisión de Vigilancia, ambos ex funcionarios lograron solventar en menos de 30 días lo que no pudieron hacer durante 2016 y los primeros nueve meses de 2017.

Originalmente el reporte del informe de la cuenta pública 2016, que el Órgano de Fiscalización Superior entregó al Congreso local, detalló que el ex contralor duartista cayó en un posible daño patrimonial por 8.5 millones de pesos; mientras que el ex secretario de Medio Ambiente por 7.9 milones de pesos.

Sin embargo, ahora, en el dictamen que será sometido a votación este martes en una sesión extraordinaria del Congreso local, fueron eliminados de la lista la Contraloría General y la Secretaría de Medio Ambiente.

El ex contralor Ricardo García Guzmán hace poco más de un año fue calificado como "tapadera" de Javier Duarte, por parte del propio Miguel Ángel Yunes Linares, pero ahora se ha convertido un aliado de su gobierno, y el Congreso local decidió avalar como solventadas las observaciones.

De acuerdo con el informe de la cuenta pública 2016 elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), se evidencia la manera ilegal en que la Contraloría adquirió los servicios de un par de despachos contables para ocultar el desvío de recursos de 2009 a 2014.

Durante el mes de abril del año pasado y con constantes señalamientos de corrupción del gobierno de Javier Duarte, la CGE decidió contratar los servicios de los despachos Grupo Auditor Santos SC y L&B Contadores y Abogados SC, para que hicieran una propuesta para solventar las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a los últimos dos años del gobierno de Fidel Herrera (2009 y 2010), como a los primeros cuatro del duartismo, es decir del 2011 al 2014.

A cada empresa, la Contraloría se comprometió hacerles pagos por 5 millones 800 mil pesos a cada una, pero también a tales despachos les quedó a deber el pago correspondiente, pues de manera conjunta sólo les abonó 8 millones 500 mil pesos.

Pero ahora el Congreso local ha confirmado que no habrá ninguna acción ni administrativa ni penal contra Ricardo García Guzmán, porque, aparentemente, ya logró solventar sus irregularidades.