Política

Odebrecht y el alcalde Poo

octubre 28, 2017

La demanda de Poo Gil, oportunidad para aclarar la concesión a Odebrecht del servicio de agua potable en Veracruz.

Con la eventual cancelación al Grupo MAS de la concesión para el manejo del agua potable en la ciudad de Veracruz que plantea el próximo gobierno municipal porteño ante la pésima calidad en el servicio y la participación en el consorcio de la vilipendiada trasnacional Odebrecht, el alcalde Ramon Poo Gil amaga con una "demanda penal por daño moral" contra este medio, luego de la publicación ayer de la existencia de un amparo que le permita al funcionario no acudir a comparecer ante la Fiscalía estatal especializada en delitos relacionados con hechos de corrupción cometidos por servidores públicos.

Existen antecedentes públicos que relacionan al munícipe como el impulsor de la liquidación del extinto Sistema Metropolitano de Agua, el SAS, y de entregar de forma apresurada la operación del servicio a Odebrecht y Aguas Tratadas de Barcelona, aún antes de que se autorizara la extinción de dicho organismo por cuenta del Congreso local.

De hecho, en el mes de julio de 2016, diputados de distintas fracciones legislativas externaron su extrañeza ante la prisa del alcalde por ceder la operación del sistema sin que se extinguiera el SAS lo que a decir del entonces legislador del MC, Cuauhtémoc Pola, fue un delito; otros diputados también confirmaron el inusual interés demostrado por el funcionario público para apresurar la entrada en operación del consorcio.

Según el desaparecido sindicato Teniente José Azueta de trabajadores del SAS, Grupo MAS no traía dinero para invertir pero además denunciaron la existencia de una cláusula en el título de concesión que sostenía que después de cinco años los concesionarios decidirán si continúan con la concesión a 30 años o la entregan a un particular.

Independientemente de que se aclare a plenitud el porqué el edil se amparó y también qué es lo que le investiga la Fiscalía Especializada en delitos relacionados con hechos de corrupción cometidos por servidores públicos –porque dicho amparo según el alcalde se refiere a un asunto relativo a un juicio interpuesto por un particular relativo a un predio de particulares y una vía pública que se determinó como tal el 27 de noviembre de 1992–, la eventual demanda por daño moral a la que alude el munícipe servirá para traer a la luz pública las irregularidades alrededor de la entrega a la trasnacional Odebrecht –acusada de corrupción y cuyo presidente ejecutivo se encuentra encarcelado– del servicio de agua potable en el puerto, acción en la que el munícipe actuó como facilitador y operador político para agilizar los trámites y facilitar la entrega de la red de distribución al consorcio trasnacional.