Política

Ilegitimidad del subprocurador para cesar al fiscal electoral

octubre 25, 2017

Por más galimatías jurídicas que utilice o alegue el subprocurador general de la República, encargado del despacho , por "su justificada" destitución o cese del fiscal para los delitos electorales, en pleno inicio de la contienda electoral, habla claro de la irresponsabilidad del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que al igual que Rajoy en España, de un plumazo corta a Cataluña toda esperanza democrática y en lugar de observar jurídica, política, democrática y socialmente el artículo constitucional que invoca, ataca de un plumazo con la autoría de un pueblo.

Se puede, pero no se debe, actuar con tanta saña e irresponsabilidad supina, a riesgo de trastocar el orden jurídico y más en el caso de nuestro país en que ha existido una omisión y silencio brutal sobre los actos u omisiones de los servidores público y en el caso del fisca electoral, que ahora ha pisado cayos que son sensibles cuando es público y notorio que en la elección de 2012 que llevó a Peña a la Presidencia, los recursos económicos de procedencia ilícita corrieron como ha corrido la sangre en el país, sin ninguna consecuencia, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación padece de una ceguera extrema y una mentalidad que raya en la estulticia.

A resultas de que Estados Unidos inició una investigación contra la empresa brasileña Odebrecht y se ha acreditado que utilizó recursos económicos en varios países de Latinoamérica, entre ellos, Brasil, Colombia, Perú, Uruguay, Chile, Argentina, Guatemala, México, etcétera, para que las que personas afines a sus intereses llegaran al poder, a efecto de obtener favores en la obra pública y demás negocios ilegítimos, en nuestro país nada se ha hecho y ahora que a un fiscal electoral se le ocurre abrir una carpeta de investigación, salta la liebre y viene el reclamo del principal involucrado que es el presidente.

La sospecha se fortalece aún más porque es inadmisible, que en esos cinco días de que el ex procurador Cervantes abandonó esa dependencia, al que escalafonariamente ocupa el cargo, como encargado del despacho, sin consulta previa y en observancia a la falta de ética del fiscal electoral lo destituye cuando, en estricto derecho, no tiene facultades, porque cuando entró en vigor la reforma al artículo décimo octavo transitorio se precisa "a partir de la entrada en vigor del presente decreto el Senado nombrará por las dos terceras partes de los miembros presentes al titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República", además señala que "durará en su encargo hasta el 30 de noviembre de 2018, sin perjuicio de que pueda ser removido libremente por el procurador general de la República o, en su caso, del fiscal general de la República", en síntesis, sólo por la existencia de delitos graves podrá ser destituido y lo que argumenta el encargado del despacho es irascible e incongruente, porque si así como ronca duerme, que Dios nos agarre confesados.

En este orden de ideas, la legitimidad proviene de la observancia de lo que expresa la Constitución y no de las leyes reglamentarias con lo que se pretende justificar que la observancia hoy, de los principios de presunción de inocencia y debido proceso, que argumenta el encargado del despacho, es piedra angular, luego entonces, se tiene que pensar que pronto abrirá las carpetas de investigación para proceder contra los ex procuradores Medina Mora –ministro de la Suprema Corte propuesto por Peña Nieto, por el caso de la francesa–, o bien Murillo Karam, Arely Gómez y Cervantes Andrade en relación con los crímenes que se han cometido en México y las violaciones a los derechos humanos de los bandidos gobernadores hoy imputados por delitos que no son graves y que fueron tolerados por los secretarios de hacienda Videgaray y Meade, al permitir que los dineros de la Federación fluyeran a los estados, pese a que la Auditoría Superior de la Federación los habían denunciado a tiempo y en su tiempo.

Así la cosas, el Senado tiene la responsabilidad histórica de revertir esta crítica situación para, entonces, presumir que se tendrá un fiscal electoral con plena autonomía e independencia para hurgar en este México de la corrupción e impunidad que nos asfixia. Sin embargo, depende de que Peña Nieto autorice a su partido, el PRI, de que el país medio se oriente por el camino de la responsabilidad plena de los servidores públicos, hoy solo atados a la placenta del gobierno en turno.

limacobos@hotmail.com/ Twitter: @limacobos1