Política

La otra violencia

octubre 25, 2017

La llamada clase política local, atávica como insiste en mostrarse, se revela decidida a conculcar los derechos a las mujeres que en el mundo civilizado son vigentes desde hace medio siglo. Esto es el derecho a decidir continuar o no con la gestación. El aborto es un derecho de toda mujer y es sólo uno en un espectro mucho más amplio de derechos llamados reproductivos.

Por enésima ocasión, los diputados veracruzanos eluden legislar o lo hacen con omisiones impasables, incapaces como son de diferenciar entre sus atavismos personales y la salud pública. Contribuyen con ello a la pesadilla misógina que pulula por el estado y que reclama la alerta de género.

Cuando los legisladores escamotean a las mujeres ejercer a plenitud sus derechos reproductivos, lo que hacen en realidad es cebarse en las mujeres más desprotegidas, las que viven en pobreza. No es que las mujeres lo deseen, pero teniendo los recursos económicos y ante un embarazo no deseado la mayoría decide no continuarlo. Las razones son muchas y atraviesan varias dimisiones, todas ellas tienen que ver o con sus planes de vida o con las condiciones inadecuadas para sostener a un hijo.

La ampliación del goce y del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres veracruzanas es tema tabú para los legisladores veracruzanos debido a la incapacidad para trascender la imposición histórica de visiones morales, o al temor atávico a la Iglesia católica.

Esta hipócrita violencia legislativa amplifica los problemas estructurales relacionados con el déficit y la escasa calidad en la atención médica, derivada en gran parte de un manejo no transparente y poco eficaz del presupuesto en materia de salud pública para las mujeres y los índices de morbilidad y mortalidad materna que existen desde hace décadas.

Es completamente inaceptable que un estado como Veracruz, que se dice laico, democrático y preocupado por los derechos humanos, permita y aliente regímenes diferenciados entre hombres y mujeres en completa contradicción a la idea y espíritu de igualdad entre géneros establecido en la Constitución y en más de una convención internacional, particularmente aquella de la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por el gobierno mexicano.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos debe pronunciarse sin ambigüedades al respecto y promover activa la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres veracruzanas.