Política

¿Cédulas renovables? No, por favor

octubre 23, 2017

Mucho se ha hablado, tanto en los medios como en redes sociales, sobre la propuesta emitida en el Congreso, en la que se pretende que los egresados de las universidades refrenden sus conocimientos cada sexenio, con la finalidad de mostrar que aún son aptos para continuar en el ejercicio de su profesión. Los reclamos no se han hecho esperar, miles de personas mostraron su descontento contra una proposición casi indecorosa.

En el ojo del huracán ha quedado Ángel García Yáñez, quien ha sido el propulsor de una idea que simplemente parece inverosímil, en un país que cada día se vuelve más irrisible. Las críticas que han acontecido contra el diputado de Nueva Alianza se centran en mostrar que él no ha sido capaz de estudiar una licenciatura. Cuestión que en parte es cierta, puesto que no es posible pedir algo de lo que no sabemos; pero, ¿realmente sería válido justificar nuestro reclamo, dada su incapacidad intelectual y académica?

Si partimos desde una crítica hacia quien no tiene una licenciatura, estaríamos atacando a cerca de 84 por ciento de jóvenes y adultos del país. Puesto que, según el informe Panorama de la Educación 2016, publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sólo 16 de cada 100 adultos de nuestro país llegan a ser profesionistas. Cifra que es grave, dado que, en otros países, que conforman la OCDE, alcanza a 36 de cada 100.

A la par de esto, se puede decir que la gente no requiere una cédula profesional para lograr el éxito y es precisamente este argumento el que ha utilizado García Yáñez al decir que con la preparatoria le ha alcanzado para ser presidente municipal y diputado. En gran parte podría tener razón, pero antes de que comience a sentirse indignado ante tales afirmaciones, permítanos exponerle a usted, querido lector, que las argumentaciones para manifestarnos en contra podrían tomar otro rumbo.

Si partimos de una actualización, de un examen para refrendar nuestros títulos, resultaría imposible en diversas carreras en las que los ámbitos de aplicación del conocimiento son tan grandes que, en el ejercicio profesional, ya que sería imposible recordar todas las lecciones universitarias, dado el paso de los años.

Por mencionar un ejemplo: un egresado de sicología puede especializarse en el área de la Salud –que va desde programas gubernamentales, hasta la práctica privada–; también puede centrarse en los recursos humanos; en la rama de la psicología social y comunitaria o en el ámbito educativo. Lo cual dificultaría que este sujeto especializado en alguna rama tuviera que recordar aquellas áreas en las que no ha ejercido profesionalmente y que no son de su interés.

Si, por el contrario, se tuviera la "magnífica" idea de atender un examen por áreas, se toparía, inmediatamente, con otra complicación, el enfoque desde el cuál cimienta su práctica. Por retomar el ejemplo del sicólogo clínico, quién ha dedicado su práctica a un sólo enfoque de atención terapéutica y que además se ha especializado en él, tendría serios problemas para recordar o resolver un examen desde otra teoría, que posiblemente poco conoce.

Lo mismo puede ocurrir con cualquier otra área del desarrollo profesional, que tenga una diversidad de saberes, ante lo que resultaría imposible atender un examen por cada tipo de enfoque teórico y práctico, demostrando así una imposibilidad.

Por otra parte, si tomamos en cuenta que el salario promedio de un profesionista estiba en los 6 mil pesos, tendríamos un nuevo problema, puesto que el profesionista tendría que aumentar, a sus gastos diarios, la cuota para cubrir un examen. Si dicho trabajador perdiera su empleo poco tiempo antes del vencimiento de su cédula, estaría en graves problemas, lo cual lo arrojaría a un precipicio del cual nunca podría salir, puesto que tendría que costear su vida con otros empleos, olvidándose de que alguna vez dedicó gran parte de su tiempo a buscar un mejor porvenir. Cuestión que nos hace pensar que las cédulas sólo podrían ser costeables para ciertos sectores sociales, los más acomodados, abriendo aún más la hendidura en el tejido social.

Esto proyectaría un nuevo problema, ya que la solución venidera sería la petición de que las universidades sean las que costeen dichos exámenes, pero esto estibaría en una medida populista ingenua, ya que sería destinar recursos en la creación y aplicación de dichas pruebas, con lo cual se sacrificaría presupuesto para la investigación o el funcionamiento de las universidades.

Si todo lo expuesto nos parece poco, podríamos problematizar sobre uno de los "puntos fuertes" de dicha propuesta de ley, el cual se basa en la búsqueda de mejores profesionistas, mejor capacitados. Cuestión que parece ridícula cuando no se buscan estrategias claras para mejorar el nivel educativo, puesto que un modelo añejo, como lo es el aprendizaje por competencias, no puede ser vendido como algo novedoso y como un progreso en el desarrollo del estudiantado.

Ahora, lo único que quedaría sería pedir a los contratantes de los profesionistas que inviertan en la capacitación de su recurso humano, cuestión que se lleva a cabo en algunos lugares de trabajo, pero no en todos, ya que genera un gasto adicional, que tendrían que absolver los jefes de estos profesionistas.

Como ha podido observar, estimado lector, la situación resulta sumamente compleja e inverosímil. De lo que podemos estar sumamente seguros, es que las propuestas en los poderes legislativos se tornan cada vez más extremas, más patéticas, más cínicas y, eso sí, menos operantes con una realidad nacional que nos abofetea y que aun así no logra despertarnos.