Política

¿Seguridad por libertades?

octubre 23, 2017

El gobernador Miguel Ángel Yunes anunció que el estado será vigilado por más de 6 mil video cámaras. Para mayo del siguiente año quedarán todas instaladas.

Muchos verán con agrado la medida ante el abrumador deterioro de la seguridad pública desatada en el país desde que los impulsos y fantasías bélicas del ex presidente Calderón sumieron a los mexicanos en una secuencia continua de horrores, dolor y muerte.

Hay, sin embargo, consideraciones importantes al respecto. Se dice que la video vigilancia tiene el objetivo de obtener cierto control sobre la integridad y el patrimonio, ya sea del Estado en la búsqueda de la seguridad pública y el orden, o de los particulares respecto de su integridad física o su patrimonio.

Sin embargo, el control y la búsqueda de esa seguridad por parte del Estado, o los particulares, pueden en el proceso conculcar derechos fundamentales, como la intimidad, la privacidad, la libertad e incluso el derecho de protección de datos personales.

Es verdad que el deterioro de la seguridad pública ha puesto a muchísimas personas y familias en condiciones de completa indefensión, pero es sustantivo conocer y sobre todo reglamentar cuál será el tratamiento de las imágenes de los ciudadanos.

La inseguridad es crítica, a contrapelo de las informaciones que los gobernantes ofrecen a la sociedad. La delincuencia organizada es el agente de poder que pone en predicamentos el sistema de gobierno del Estado mexicano. Siempre es más fácil generar terror y miedo, que construir mediante acuerdos métodos de seguridad sin sacrificar la privacidad y la intimidad.

Hay, sin embargo, aspectos que deben ser claros y reglamentados desde el principio para evitar distorsiones como el explosivo crecimiento de la video vigilancia en China, donde las organizaciones de derechos humanos son acosadas y denuncian que el principal objetivo es el control social con fines políticos.

Este es un tema sustantivo que no debe quedar exclusivamente en manos de las autoridades o los partidos políticos, cuyos congresistas suelen defender antes el interés partidario que el de los ciudadanos.

Vivimos además una evolución en la video vigilancia que pasa de la vigilancia por medio de cámaras fijas en puntos estratégicos, a la vigilancia móvil por medios de los llamados "drones".

¿Quién garantizará el uso preciso de la video vigilancia? ¿Cómo asegurar que tal actividad no conculque derechos políticos y la libertad de expresión? ¿Es posible? ¿Con qué acuerdos y reglas del juego?