Política

Ridícula renuncia del procurador, ¿o cese fulminante?

octubre 22, 2017

No se registra en la historia de este país que un funcionario –hecha excepción de Felipe Calderón, que siendo secretario de Energía no aceptó la reprimenda de Fox, al destaparse como aspirante panista a la presidencia– y menos que pertenezca al PRI que públicamente, sin previo acuerdo, haya renunciado con escándalo a un cargo de primer nivel, por ello, resulta ridículo el alarde con que se maneja la salida de Raúl Cervantes Andrade de la Procuraduría General de la República y más aún que quienes lo aprobaron en el cargo, los senadores de la República, no le exijan cuentas de su conducta, pues los pendientes que deja son de gran calado que requieren de la reprimenda general y la sanción respectiva, pues su actuar no fue diligente, seria y conducida con la observancia que la complejidad de los asuntos a su cargo era necesario observar.

Es muy grave –y así debe registrarse– que un funcionario de la más alta responsabilidad tire la toalla y que no haya consecuencias cuando están de por medio los crímenes de 43 estudiantes, en Ayotzinapa, o bien los crímenes de Tanhuato, Michoacán; Estado de México, Tamaulipas o Veracruz, cuya impunidad raya en la peor ofensa para un régimen que se considera democrático y de derecho, como ya sucedió con Murillo Karam, Arely Gómez y ahora Cervantes Ahumada, cuya negligencia u omisión es palpable, dejando a la sociedad en completa indefensión, que es elocuente con los ex gobernadores que nadie persiguió a

su tiempo.

Con admitir la falta de eficiencia en la procuración de justicia no se subsana la gravedad del conflicto en que se encuentra el país con la inseguridad, la corrupción e impunidad, al existir hechos y actos evidentes de que no se actuó con responsabilidad republicana sino que se sirvió al mandato presidencial de manera desmesurada para no llegar a la verdad de lo que está sucediendo, dejando a la imaginación social espacio para la especulación, de manera que la credibilidad en las instituciones y en el presidente Peña está a la baja total.

Pero lo anterior no es todo, si se observa que el cinismo del ex procurador llega al extremo de presumir "yo no tengo ninguna aspiración", y "que no quiere ser obstáculo para la creación de la Fiscalía General de la República por nueve años", que "algunos legisladores y políticos han utilizado mi nombre y mis supuestas aspiraciones como excusa para no avanzar en la aprobación de leyes, entre ellas la que crea la Fiscalía General", pues era en ese momento cuando debió de renunciar; sin embargo, ni lo hizo ni se lo permitieron, de ahí que fue el clamor general que Peña Nieto quería un fiscal a modo, para que blindara cualquier acción posible en el futuro, ante el incremento descomunal que alcanzó la corrupción e impunidad en su gobierno.

Esta misma trampa se quiso poner de moda en Veracruz, cuando Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, reformó la Constitución del estado para establecer la Fiscalía con autonomía e independencia técnica y financiera por nueve años y que la Legislatura aprobara, sin mínima protesta, a Luis Bravo que, al primer grito del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares votó la toalla y salió por piernas, cuando debería de habérsele exigido responsabilidad ante las denuncias que ya existían de corrupción e impunidad. Sin embargo, se negoció para que designara a un subprocurador a modo y éste fuera luego designado, en igual razón, por la Legislatura pan-perredista, sin mayor recato, al inobservar lo que el artículo transitorio decimosexto de la Constitución del país establecía que los estados deberían adecuar sus constituciones locales, tanto pronto se hiciera la declaración expresa de la entrada en vigor de la Fiscalía General de la República y ello no ha acontecido aún.

Luego entonces, la presión social ha llevado a que ahora se tenga que reformar ese transitorio porque el mismo establece que "el procurador general de la República en funciones en el momento de expedirse la declaratoria quedaría designado Fiscal General de la República por el tiempo de nueve años, sin perjuicio del procedimiento de remoción previsto en la fracción IV del 102". Sin embargo, esta fracción señala que el fiscal podrá ser removido por el Ejecutivo federal por las causas graves que establezca la ley, es decir, la amenaza pende si su actuación no cumple con las expectativas del presidente en turno, y un caso paradigmático se tiene en Guatemala, que ante la corrupción, el presidente actual que es imputado, declaró persona non grata al comisionado de la ONU para ese efecto, y si en México prevalece esa amenaza, no se garantiza la estabilidad que señala la Constitución.

Así se vio en Veracruz cuando el gobernador Yunes Linares destituyó al fiscal de Duarte y designó a quien le vino en gana y una experiencia similar a nadie beneficia y mucho contribuye a fortalecer la corrupción o la impunidad y a estimular la venganza selectiva.